Buenos Aires.- El juez de instrucción porteño Mariano Bergés procesó e impuso la prisión preventiva a siete comisarios de la Policía Federal, a los que acusó de varios delitos, entre ellos "asociación ilícita", en la causa por irregularidades con los adicionales policiales para seguridad en los estadios de fútbol.

Así lo informaron a DyN fuentes judiciales vinculadas con la investigación, las que mantuvieron en reserva los nombres de los imputados.

Además, Bergés dispuso la "falta de mérito" para otros cuatro oficiales de la Federal.

Los voceros señalaron que a los procesados se les imputan delitos "que llegan hasta la asociación ilícita".

En la causa se investigan irregularidades con los adicionales policiales para los partidos que organiza la AFA, ya que, según comprobó el propio magistrado, hubo encuentros a los que fueron menos efectivos que los pactados inicialmente, pero igual se cobraron esas horas extra, a razón de un promedio de casi 50 pesos por uniformado.

Contrarreloj, porque a las 24 de hoy vence su subrogancia en el juzgado donde está radicada la causa, Bergés redactó más de 150 carillas en las que procesa a los miembros de la Policía, "todos con rango de comisario", según dijeron las fuentes.

En su resolución, el juez aclaró, en cuanto a la prisión preventiva, que los policías podrán ir tras las rejas recién cuando la Cámara del Crimen porteña eventualmente confirme la medida, ya que se descuenta que los procesados apelarán ante ese cuerpo.

Desde hoy la causa estará en manos del juez de Instrucción Julio Lucini, quien subrogará a Karam, el titular del juzgado 5, quien sigue con licencia por enfermedad.

Al juez Lucini le aguarda la tarea de seguir delimitando responsabilidades en esta causa, que se inició a partir de una denuncia que indicaba que en los partidos oficiales de fútbol organizados por la AFA en esta capital había menos policías que los pactados originalmente.

El juez Bergés comprobó la irregularidad personalmente, por ejemplo, en el clásico San Lorenzo-Huracán, cuando determinó que de 650 policías que habían sido contratados para la seguridad habían ido 494, o sea 156 menos.

Posteriormente, le fueron devueltos al club de Boedo alrededor de 9.000 pesos correspondientes a lo que había pagado por los policías que no fueron.

Pero en la causa se investiga este ilícito como sistema, por lo menos desde 1998, y el juez apuntó a las esferas más altas de la Policía Federal, al punto que citó dos veces al jefe de esa fuerza, el comisario general Rubén Santos.

En el expediente declararon dirigentes de varios clubes, el presidente de la AFA, Julio Grondona; el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Enrique Mathov, y el jefe de la Policía Federal.

Grondona y Mathov defendieron sus respectivos ámbitos de actuación. El mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino deslindó responsabilidades al afirmar que los acuerdos para la policía adicional en los estadios se concretan entre los clubes y las comisarías de cada jurisdicción. Y señaló que la AFA sólo se ocupa de la contratación de policías para partidos del seleccionado nacional.

Por su parte, Mathov dijo que el gobierno no tenía nada que ver con este escándalo e, igual que Grondona, echó la principal responsabilidad sobre los clubes y las comisarías.

Además, en los últimos días el juez Bergés dispuso que se investigue si Mathov cometió irregularidades, ya que, de acuerdo con la resolución del magistrado, el funcionario radical ordenó a Santos una misión "reservada" justo el día que debía declarar como imputado en la causa.

El magistrado dijo que hubo una actitud "burlesca" del Poder Ejecutivo, entre otros conceptos que transmitió en su durísima resolución.

Horas después Mathov minimizó los dichos del juez y lo acusó de querer tener protagonismo en los medios. (DyN).