El mecanismo de selección de candidatos a jueces provinciales incorporará el concurso de oposición, a partir de la reglamentación del Consejo de la Magistratura que están acordando los estamentos que lo componen. Sobre la base de acuerdos ya establecidos en los grandes lineamientos, se estima que la definición de los aspectos instrumentales más puntuales demandará dos o tres meses más y se concretarán a través de un decreto.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura volverán a reunirse el próximo miércoles, a las 10, en la Subsecretaría de Justicia de la provincia, a los efectos de llevar adelante las pautas que serán incorporadas al procedimiento de selección de magistrados. El órgano consultor del Poder Ejecutivo comenzó a trabajar las bases de consenso a esos efectos, luego de que los Colegios de Abogados plantearan posiciones rupturistas, denunciando la falta de claridad en los modos de selección y exigiendo el concurso de oposición, en un planteo avalado también por la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

En diálogo con El Litoral, el subsecretario de Justicia y presidente del Consejo, Carlos Carranza, indicó que en los próximos meses sobrevendrá una intensa tarea para regular aspectos en concreto y para acercar posiciones entre las partes, no obstante haberse logrado el consenso en cuestiones básicas y generales.

Por lo pronto, se convino en que la fórmula apropiada es la de un nuevo decreto, que estaría dictándose en el mes de octubre. En tanto y luego de analizada la propuesta del Colegio de Magistrados, también se accedió a incorporar el sistema de concursos de oposición. Si bien el Ejecutivo no se negaba de plano al mismo, prefería remitirlo a una reforma constitucional, en cuyo marco también se otorgue mayores atribuciones al organismo.

En definitiva, el concurso será de antecedentes y de oposición, aunque todavía no se ha resuelto la modalidad que asumirá este último: si consistirá en un examen práctico -escrito u oral-, la confección de una sentencia o una entrevista con preguntas previamente sorteadas.

Por lo demás, el gobierno prefiere que no se constituyan jurados externos, sino que -tomando la propuesta del consejero nacional Angel Garrote-, sea el mismo Consejo quien se encargue de evaluar, para evitar la generación de una nueva superestructura.

Otras propuestas -de máxima en este caso- pasan por modificar la constitución del Consejo, por ejemplo incorporando legisladores; idea a la que también el Ejecutivo prefiere derivar a una reforma de fondo.

Carranza recordó que, salvo algunos casos puntuales y de escasa data, "con presupuesto cero, tenemos vacante cero" y aceptando los cambios sugeridos, en la medida en que otorguen mayor seguridad, pero "no resientan la eficiencia y la celeridad".

El gobierno provincial insistirá esta semana ante la Nación por la cuestión del traslado de los presos federales, luego de no tener noticias al respecto en los últimos meses; como así tampoco de la construcción de la nueva cárcel, ni el pago de la deuda de más de 11 millones de pesos por su alojamiento.

Carranza confirmó a El Litoral que, en el curso de la semana, se impondrá al gobernador Carlos Reutemann de la situación, para que desde la máxima conducción política de la provincia se presione por respuestas a la Nación o se resuelva los pasos a seguir.

En su momento, las autoridades del Ministerio de Gobierno anunciaron la decisión de no recibir más presos federales, pero la situación sigue colapsada y ya no permite seguir soportando la indiferencia de la Nación.

"No pagan el aporte comprometido por el alojamiento de los presos, no se construye la cárcel nueva -el compromiso era comenzar en setiembre, pero no se ha movido nada al respecto-, todas las provincias tienen problemas con la remisión de partidas. Creemos que la provincia tiene que evaluar posturas de máxima", adelantó el funcionario.

"Esto lo tendrá que evaluar el gobernador -insistió. Mientras nos den plazas en otras jurisdicciones, no hay problemas. Pero tal como están las cosas, creo que vamos a tener que intimar para que retiren los presos", agregó.

Esta posibilidad cuenta con antecedentes judiciales: el pasado 25 de octubre, un juez rosarino dispuso el traslado de 26 reclusos con causas abiertas, de una comisaría provincial a dependencias nacionales. Lo mismo sucedió recientemente en Jujuy, por decisión de un juez federal, fundada en razones de hacinamiento y por pedido de la Defensoría General de la Nación.

Carranza justificó la postura en que "estamos llegando a 1.300 personas en Coronda, lo que implica un grado de conflicto permanente. Estamos elevando al máximo los niveles de seguridad y la Nación está completamente ausente", concluyó.