Un joven de nuestro medio, sospechado de distribuir y exhibir imágenes pornográficas vía Internet, fue procesado por el juez de Instrucción de la Cuarta Nominación, Rubén Saurín.

La investigación judicial que involucra a Gabriel Di Cintio se inició a partir de un pedido de Interpol, organización que recibió una denuncia de un ciudadano alemán.

Éste último -un proveedor que ofrece un espacio gratuito en la web- encontró fotografías pornográficas infantiles almacenadas en direcciones de Internet a través de su servidor.

Decidió, entonces, cerrar el sitio y remitir a Interpol copias de las fotografías, en las que pueden advertirse imágenes de niñas y jovencitas -desde 8 años en adelante- en poses pornográficas y tomando parte, con otras personas, en actos sexuales.

Interpol encomendó medidas a sus pares argentinos, quienes dieron cuenta al fiscal nacional Fernando Emilio García de la posible comisión del delito de corrupción de menores en nuestro país.

Los investigadores concluyeron que los autores del ilícito residían en la ciudad de Santa Fe, lo que provocó la intervención en la causa del juez de Instrucción en turno a esa fecha, Dr. Rubén Saurín.

En los primeros tramos de la investigación, el magistrado ordenó detener a tres personas, tras detectar que desde sus respectivas computadoras se estaban bajando y transmitiendo de Internet imágenes pornográficas que involucraban a menores de edad.

Marcela Di Cintio y Gustavo Alfredo Acosta (dos de los detenidos) fueron liberados horas más tarde por falta de mérito. Ahora, el magistrado interviniente los sobreseyó en forma definitiva.

Distinta es la situación de Gabriel Di Cintio, hermano de la mujer nombrada en el párrafo anterior, contra quien recayó un auto de procesamiento como presunto autor del delito de "distribución y exhibición de imágenes pornográficas", previsto en el artículo 128 del Código Penal.

Ello así por cuanto el juez Saurín entendió comprobada su actividad de "bajar" y "retransmitir" imágenes pornográficas a través de la web.

Al joven le fue concedida la libertad provisional y se le embargaron sus bienes por la suma de 500 pesos.

Peritos técnicos de la Dirección de Asuntos Internos prestaron un valioso aporte a la investigación en lo referente a la comprobación del ilícito investigado, lo que implicó un desafío para la Justicia, dada la complejidad emergente de la tecnología utilizada para su comisión.

Cabe citar que es éste el primer antecedente de delitos vía Internet investigado por la Justicia Penal santafesina.