El juez federal Gabriel Cavallo aseguró que "existieron" los sobornos en la Cámara alta para aprobar la reforma laboral, pero aclaró que todavía no se ha establecido de dónde salió el dinero, y ratificó que la Sala I de la Cámara Federal será la que resolverá si hay elementos para acusar a alguno de los legisladores sospechados.

"Hay que esperar un poquito más para que la Cámara resuelva. Pero puedo decir que el hecho en sí, existió", admitió Cavallo.

El magistrado, no obstante, reconoció no poder precisar si la coima la "pagó el gobierno, el sector privado o cualquier otro organismo, o si cobró determinado senador y no otro". Además, el juez reiteró que hasta ahora no apareció ningún "arrepentido" que brindara más pruebas del supuesto episodio.

Ya ha pasado un año desde que el escándalo de los sobornos en el Senado tomó estado público, mucho antes de sus secuelas políticas en el gobierno nacional, con las renuncias del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez y de los entonces ministros de Trabajo, Alberto Flamarique, y de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.

Ahora la causa judicial está en manos de la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver la apelación que efectuaron los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, a la falta de mérito dictada por el juez federal Carlos Liporaci.

"La falta de mérito no significa el cierre de la causa, sino si hay mérito o no para procesar a los senadores con las pruebas que hay en estos momentos. Es una situación intermedia entre el sobreseimiento y el procesamiento", aclaró Cavallo.

Los senadores imputados de supuesto cohecho, entre otros, son Eduardo Bauzá, Ramón Ortega, Angel Pardo, Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Ricardo Branda, Alberto Tell -todos del PJ- y José Genoud y Javier Meneghini, ambos radicales.

El ex titular de la Side, Fernando de Santibañes, y el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, que también estuvieron sospechados en la maniobra, habían sido citados a declaración indagatoria por Liporaci; pero ese juez luego renunció y la causa pasó a manos del juez Cavallo, quien suspendió esas convocatorias hasta conseguir más pruebas en el expediente.

En ese sentido, el magistrado remarcó que durante estos últimos seis meses llevó adelante "múltiples medidas de prueba, la mayor parte públicas" para poder avanzar en la investigación, y subrayó que ahora la Cámara "tiene nuevas pruebas a consideración que no tenia Liporaci".

En los próximos días, la jueza Luisa Riva Aramayo y el juez Horacio Vigliani, integrantes de la Sala I, tendrán que resolver si hay elementos para establecer que algún senador cobró el dinero para aprobar la ley laboral, sancionada en abril del año pasado.

El juez Cavallo detalló que, luego de la renuncia de Liporaci, "se hicieron un montón de medidas que debían haberse hecho antes, como el tema de la pericia contable de la Side, los cruces de llamadas telefónicas, los informes patrimoniales de los senadores".

Después de toda esa batería de medidas de instrucción, Cavallo concluyó: "Puedo decir que a mí me parece que los elementos que existen en la causa indican que el hecho existió. Pero si usted me pide a mí una definición sobre si ese hecho puede ser imputado con pruebas judicialmente a algunos senadores, es tema que debe resolver la Cámara con los elementos que tiene", añadió.

Primero en una entrevista por Radio Mitre y luego en un diálogo con los periodistas que hacían guardia en la puerta de los tribunales federales, el juez hizo hincapié en que, entre las dependencias oficiales con fondos reservados, "la única oficina que no había sido auditada era de la Side". Y destacó que "es lo que hice yo las semanas anteriores, con un contador de la Oficina Anticorrupción".

Por último, el juez confió en que no recibió presiones durante el trámite de esta causa, aunque lamentó no haber recibido aportes de supuestos arrepentidos.

"Se habló de que iba a haber arrepentidos, de personas de gran responsabilidad institucional, pero hasta ahora no se arrepintió nadie", agregó.