Política: POLI-06

"Dejaron al gobierno casi sin salidas"

Ivan Cullen hizo una lectura jurídica y política del fallo. Dijo que se actuó contra la conculcación de un derecho. Que esto habilita a todos los ahorristas a reclamar. Pero que había alternativas.


Iván Cullen sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad del corralito financiero, si bien es en un caso particular, "tiene un efecto vinculante respecto de casos similares que se puedan presentar en Tribunales. Y ocasiona sin duda un problema bastante importante, porque lo que está diciendo es que quien tiene un depósito puede ir a cobrarlo al banco".

En diálogo con El Litoral, el jurista explicó que la decisión se funda en la irrazonabilidad de las limitaciones. Porque -explicó- si bien la Corte en situaciones de emergencia acepta restricciones a la amplitud del uso y goce de la propiedad, el límite es que no aniquilen el derecho. "Y la Corte entendió que en este caso no era razonable la limitación y aniquilaba el derecho", consignó.

"Tiene que haber una adecuada proporción del medio al fin -continuó. Para que haya razonabilidad tenemos que fijarnos cuál es la finalidad y observar las medidas. La Corte dice que si la finalidad era promover el empleo, la reactivación, la producción, el efecto es todo lo contrario. Las medidas no son aptas para ese fin.

"Pero hay que decir que en ese análisis no incluyó -y debiera haber incluido- el problema de la solvencia financiera de los bancos", completó.

Cullen analizó que la sentencia no sólo tira abajo el corralito de Duhalde y Remes Lenicov, sino también el de De la Rúa y Cavallo, que sí permitía funcionar a la economía, aunque con dinero bancario.

"El corralito dos no tenía ninguna posibilidad de ser admitido como constitucional. Pero al primero, que era una limitación, pero permitía disponer de la totalidad de los fondos, la Corte también lo mete en este tema y eso es más complicado. Sobre todo para el gobierno, que ahora estará obligado a tomar nuevas medidas", señaló.

Con bonos, no


En ese orden, consideró que si se optara por pagar con bonos externos, "sería peor el remedio que la enfermedad. Hacer un nuevo plan bonex sería desconocer que la realidad no es la misma que en 1989. En ese momento los depósitos eran por 3 mil millones de pesos y no había en dólares. Hoy hay 65 mil millones. Y en aquél momento había hiperinflación, con el 200 por ciento anual de intereses y no había tiempo material para imprimir el papel moneda necesario para devolver los depósitos.

"El problema hoy es de depósitos efectuados en un sistema financiero que pasa de una convertibilidad a una devaluación, a un sistema de cambio múltiple, que provoca una confusión tremenda en el depositante, que a su vez tiene todo el derecho a recuperar sus ahorros", agregó.

Cullen precisó que "no es lo mismo un bono externo en un país que declaró el default de su deuda de 140 mil millones de dólares. Y además, no va a haber un mercado secundario, como había en el '89. Entonces, el mercado de valores podía comprar los bonos, aunque sea a menor valor. A un bono nuevo, con un país en default, nadie lo va a comprar. Así que tendrán que buscar otra solución".

Consideraciones políticas


"Acá hay que poner de manifiesto que votaron 6 ministros y 3 se abstuvieron. Es muy significativo que el Procurador de la Corte les haya dicho: `ustedes tienen que cumplir con la ley procesal y correr traslado al peticionante antes de resolver. Pero eso no se hizo y se falló al día siguiente del dictamen del Procurador.

"Otro dato es que en el caso Kiper, el juez que había retirado 200 mil dólares, la Corte le ordenó devolver el dinero, pero no se expidió sobre el fondo de la cuestión, porque era una cautelar. Ésta también es una cautelar, pero la Corte consideró que tocaba el fondo de la cuestión y decidió expedirse sobre la constitucionalidad", apuntó.

Efectos


La Corte abre el camino para que todos vayan a recuperar sus depósitos en la moneda en que lo hicieron. Cada uno tendrá que hacerlo a través de un juicio.

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No hay duda de que la gente tiene un derecho de propiedad a disponer de su dinero, reforzado además por una ley que aseguró la intangibilidad de los depósitos. Al que depositó con esta normativa, eso le incorporó un derecho a que se le respetara.

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Una lectura lógica del fallo, está indicando que, en el pensamiento de la Corte -aunque no lo diga expresamente- está que si se depositó en dólares, hay que devolver en dólares. No lo dice, pero se basa en la ley de intangibilidad de los depósitos, que dice eso. Y, en lógica inferencia, hay que entender que la pesificación difícilmente pase el filtro del control de constitucionalidad.

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Con esto, ha puesto en alguna medida un límite al desborde de la delegación de facultades. Pero dentro de esos límites, queda la duda de si no pudo haber dejado una salvaguarda.

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Había otras alternativas: hubiera podido declarar inconstitucional el segundo corralito y no el primero. Pero prácticamente deja sin salida al gobierno, dentro del esquema en el que se estaba moviendo.

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El gobierno tiene que rearmar el escenario y disponer normas nuevas, dentro del marco de constitucionalidad fijado por la Corte.

Duras críticas desde el Congreso


Diputados de distintos signos políticos opinaron de diversa manera sobre el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional el corralito financiero vigente, aunque en general la decisión despertó el rechazo legislativo.

  • Lilia Puig de Stubrin (diputada nacional UCR). "El fallo de la Corte Suprema, más allá de su calidad técnica inobjetable, debe ser analizado desde su alto contenido político, destinado a sostener un modelo económico que lleva 25 años, cuando existen decisiones del gobierno de modificar ese rumbo. Ante la naturaleza de la crisis corresponde realizar un llamado a la responsabilidad. El fallo es de naturaleza política y genera un vacío de poder muy grave".
  • Mario Cafiero (diputado nacional Frepaso). "Se hace indispensable una comprensión por los dos lados, ahorristas y gobierno, y apelar, con espíritu práctico, a todas las alternativas posibles, como el Fondo Fiduciario, la entrega de dinero por los bancos, la emisión de certificados como proponen algunos diputados y otras más que aparezcan, y hacerlas, además, sin perder tiempo, para salir de la parálisis y el caos".
  • Sergio Acevedo (diputado nacional del PJ y presidente de la Comisión de Juicio Político). "Es una reacción de la Corte Suprema frente a la promoción del juicio político, que pretende terminar con el sistema institucional argentino y profundizar la crisis".
  • Nilda Garré (diputada nacional del Frepaso). "Es una extorsión a los otros poderes del estado, especialmente al Legislativo, que inició ayer el tratamiento del Juicio Político a varios de sus miembros. Es una provocación al conjunto de la ciudadanía que puede verse irremediablemente perjudicada con la pérdida definitiva de sus ahorros, si se produjera la quiebra de entidades bancarias. La Corte está siendo nuevamente funcional a su jefe, Carlos Menem, y a su proyecto de desestabilización institucional".
  • Eduardo Di Cola (diputado nacional PJ). "El fallo forma parte de una especulación tendiente a cambiar la opinión que la comunidad tiene de la Corte Suprema, aun cuando significa resolver en sentido inverso a como lo hizo hasta ahora. En última instancia termina siendo una forma de apriete político".
  • Carlos Raimundi (diputado nacional Frepaso). "Desde el punto de vista jurídico es correcto, pero desde mi punto de vista es un proyecto desestabilizador de Menem".
  • Fernando Montoya (diputado nacional UCR). "Los dineros del pueblo son parte de su propiedad privada, la que no debe ser violada y es positivo que la Corte Suprema reconozca este principio como una de las bases en las que se asienta nuestro funcionamiento como sociedad". (DyN).