Rosario (C).- La Justicia federal de Rosario hizo un nuevo guiño a sectores con depósitos inmovilizados por el corralito financiero. Esta vez fue al hacer lugar a un recurso de amparo del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Santa Fe, distrito N° 2, que pide disponer de los fondos de una caja de ahorro. Para eso la jueza actuante, Sylvia Aramberri, pidió al directorio de la entidad una garantía del 30 por ciento del depósito que es por 242 mil dólares.

La magistrada remitió una copia de la resolución al Banco de la Nación Argentina, donde está certificado el depósito, ordenando al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central que libere la totalidad de los fondos por dólares estadounidenses, a fin de que se transfiera al Banco de Santa Fe en los Tribunales federales, donde los amparistas tienen una cuenta. Ante el supuesto de que la entidad bancaria alegara la imposibilidad de girar dólares, la jueza Aramberri exigió que convierta esos dólares a pesos aplicando el tipo vendedor del mercado libre de cambios, el día que se realice la transferencia.

Según informó la emisora LT8, el fallo fue fechado durante el fin de semana y es uno más de los que reconocen derechos de ahorristas desde los Tribunales Federales de Rosario.

La jueza Aramberri, que atendió el amparo de la entidad de los ingenieros, ya se pronunció varias veces en favor de los tenedores de fondos en el corralito. La semana pasada resolvió que todos los ahorristas santafesinos con depósitos inmovilizados por esa causa puedan continuar sus recursos judiciales para lograr el levantamiento de esas restricciones. Ese fallo, que está firme, fue consecuencia de una presentación elevada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que requería el dictado de la nulidad del decreto 214/02 del Poder Ejecutivo Nacional. Esa norma dispuso la imposibilidad de emprender acciones legales contra el corralito financiero durante 180 días. La jueza ordenó que se despejara el obstáculo del decreto que pesaba sobre los inversores.

Antes, la jueza federal reconoció un recurso de amparo y permitió a la empresa rosarina Ventachap SA disponer de 300 mil dólares de fondos depositados para pagar insumos adquiridos a una firma brasileña. Lo mismo resolvió ante el pedido de un jubilado, de apellido Toricelli, que solicitó de hacerse de fondos que tenía en un plazo fijo en el Banco de Boston para solventar una intervención quirúrgica.