Rosario (C).- Durante 26 días, un centenar de alumnos de tres facultades rosarinas protagonizó un episodio inédito y de profunda complejidad política: la toma de un ex sanatorio abandonado para reclamar que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) les brindara un albergue estudiantil.

Este fenómeno inusual puso en jaque a las autoridades de la UNR, que consideraron la ocupación coactiva y violatoria de la ley, pero, a la vez, percibieron los elevadísimos costos que pagarían si el desalojo por la fuerza ordenado por la Justicia se concretaba con violencia.

Los ocupantes del ex sanatorio Rawson, la mayoría del interior santafesino, aseguraban que la medida era la única alternativa para no verse obligados a desertar de sus estudios por imposibilidad de sostener un techo. Los propietarios del inmueble denunciaron como usurpadores a los estudiantes y exigieron judicialmente su expulsión del edificio de tres pisos cerrado hace cinco años.

La toma llegó a término hace una semana, el sábado pasado, cuando cien policías de las Tropas de Operaciones Especiales acordonaron el sector y desalojaron a los estudiantes. El operativo empezó la mañana de ese día y enseguida se produjeron enfrentamientos. Una alumna sufrió una fractura de hombro, un concejal fue detenido y hubo cuatro horas de tensión hasta que el rector de la UNR, Ricardo Suárez, decidió que era más importante evitar un desastre. Y rubricó un acta para adjudicar 50 becas mensuales de 50 pesos hasta abril. Entonces los estudiantes, con una sensación de victoria, desalojaron en paz el lugar.

El rector, que no había negociado hasta entonces, planteó que concedió las becas porque estaba arrinconado. "Estoy en contra de otorgar este tipo de becas de este modo, innominalmente, pero lo hago porque advierto el clima de violencia que se ha creado y para evitar que haya derramamiento de sangre", sostuvo.

Al hablar con este diario, Suárez reiteró que actuó coaccionado, planteó que se ofrecieron alternativas que los ocupantes del sanatorio desecharon "por capricho" y entrevió que detrás del diferendo se movieron intereses que están más allá de la reivindicación que expresaron los estudiantes. El episodio queda como un precedente complejo para el titular de la UNR porque los estudiantes generaron -por el planteo y la resolución del conflicto- un hecho político inequívoco que podría reeditarse cuando expire el plazo de las becas.

-¿Cómo evaluó los 26 días de toma del ex sanatorio?

-Desde el principio dije que la toma del inmueble era ilegal y exhorté a que los ocupantes se retiraran acatando la ley. Esta acción de los estudiantes fue unilateral, no institucional y antidemocrática. No hubo reclamo previo: generaron el hecho y después reclamaron. Lo único que hice casi a título personal fue instruir al asesor jurídico de la Universidad para que se hiciera lo necesario para resguardar la integridad física de los estudiantes ante un desalojo que sería inminente. Pero no quise negociar nada bajo presión.

-Teniendo en cuenta que finalmente otorgaron las becas ¿se interpretó que el conflicto pudo cesar si la medida se tomaba antes?

-Pero, es que nunca se evaluó antes extender becas. Nos oponíamos a hacer una concesión bajo esa presión. Ocurrió que el día del desalojo me encontré con una situación de violencia apenas contenida, con estudiantes advirtiendo que se arrojarían desde los techos si no había solución en los términos que ellos planteaban. Los riesgos de la violencia de aquel día se proyectaban sobre estudiantes, vecinos y observadores, tanto interesados como desinteresados. Yo no cambié de actitud. Fui forzado a dar las becas por ese planteo de enorme presión. Resolvimos bajo coacción.

-¿La Universidad estuvo dispuesta a proponer alternativas para hacer cesar la medida?

-Nosotros ofrecimos redistribuir a los estudiantes en distintas residencias que no están colmadas. Esto era una solución para unos 50 alumnos, pero ellos alegaron que querían estar todos juntos. Si el reclamo pasaba por tener alojamiento, está claro que la respuesta fue un capricho. Lo que ocurre es que existe, para mí, un trasfondo político que excede largamente la reivindicación puntual.

-¿Cuál es ese trasfondo?

-Prefiero no decirlo, pero tiene que ver con algo que está más allá de la comunidad universitaria. Creo que en el futuro va a quedar claro. No dejo de reconocer que hay un problema de deserción derivado de la profunda crisis. Pero fue un pequeño grupo estudiantil el que protagonizó esta medida y son muchos los que están bajo esta situación.

-¿Ya está resuelto cómo financiarán las becas?

-Todo nuestro presupuesto hoy se aplica a pagar sueldos. Se sabe que las universidades están en una situación crítica extrema y nosotros tuvimos que declarar la emergencia financiera. Nuestras prioridades son, en este orden, pagar los salarios, pagar la obra social de la universidad, recomponer el 13 por ciento de descuento a estatales y pagar los servicios elementales.

Hay un atraso tecnológico y de mantenimiento que causará colapsos en el futuro inmediato. Para financiar las becas vamos a efectuar traslados de dependencias que nos van a generar un ahorro. De allí saldrán los fondos.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, el socialista Eduardo Di Pollina condenó el accionar de las fuerzas de seguridad en Rosario, durante la recuperación del edificio del ex sanatorio Rawson. El diputado rosarino hizo hincapié en que fueron agredidos dirigentes políticos (una diputada nacional y varios concejales) que intentaron una última mediación entre la policía y los usurpadores del edificio.

Además dijo estar preocupado porque el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, señaló que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo. Di Pollina hizo notar que el hoy ministro está cada vez más alejado de lo que pregonó en sus épocas de juventud donde, cada uno en su partido, ambos tuvieron militancia a favor de cuestiones comunes como derechos humanos y temas sociales.