La secretaria de Desarrollo Económico y Urbano y Control de Gestión Susana Squeff se mostró sorprendida con una resolución aprobada este jueves por el Concejo Municipal.

Los ediles de las distintas bancadas dispusieron que el Ejecutivo realice controles fiscales y eventualmente clausuras sobre las empresas radicadas en el puerto santafesino, que no se han inscripto en el municipio como contribuyentes.

"Nos llama la atención que se haga una resolución para que el DEM haga algo que ya se ha realizado", subrayó Squeff.

"Los inspectores de la Municipalidad cumplieron con un relevamiento, realizado negocio por negocio y empresa por empresa, cuyos resultados incluso han tenido una amplia repercusión pública", deslizó con ironía.

Relató que el operativo mostró distintas realidades.

Señaló que "hay trámites de habilitación iniciados hace bastante tiempo, en algunos casos porque los interesados no cumplieron con pedidos del DEM y en otros porque los interesados entienden que no deben estar inscriptos o habilitados por el municipio, e incluso -subrayó- hay casos que no tienen la habilitación porque están esperando, desde hace meses, que el Honorable Concejo Municipal trate los expedientes que allí han iniciado, tal como mandan las normas de actividades especiales".

Puntualizó que esperan tratamiento parlamentario las firmas de actividades en las que "se requiere un uso conforme" de los ediles, porque se trata de "labores complementarias de la principal, vinculadas con el propio puerto". En esos casos, las ordenanzas disponen el trámite ante el cuerpo deliberativo, explicó.

La funcionaria encargada de las áreas de control dijo que "en los operativos hubo acciones muy contundentes" sobre quienes no han cumplido con la normativa municipal.

Inmediatamente relató que la actuación municipal dentro del puerto llegó a disponer que se clausuren dos firmas, una de las cuales es la propia concesionaria del puerto, TPS (Ver aparte).

En cuanto a la restante, una compañía productora de bebidas, destacó que hubo una buena predisposición para realizar el trámite correspondiente. También aclaró que en este caso la empresa firmó un convenio de pago respecto de lo adeudado.

Squeff se detuvo sobre la habilitación de Shell. Dijo que desde hace décadas -por una "errónea posición vacilante del municipio"- la petrolera no se había inscripto para abonar el derecho de registro e inspección.

Agregó que según las normas tributarias "la Municipalidad tiene el derecho y lo va a ejercer, de reclamar lo adeudado desde 1993, porque es de diez años el plazo".

"Tenemos la resolución del Concejo en que autoriza al DEM a hacer el reclamo respectivo y primero necesitamos que se complete su inscripción y habilitación municipal".

"Es un caso que seguimos muy de cerca", destacó. "Solicitó su habilitación y el Concejo la autorizó a funcionar por vía de excepción, cuando nosotros le notificamos que antes debía cumplir con el trámite de habilitación, la empresa retiró sus papeles de las oficinas municipales, volvió al Concejo y pide a los ediles una reconsideración para que vean si no corresponde entonces un uso conforme, para no pedir la habilitación", recordó.

Susana Squeff habló de la resolución del Concejo y -ante consultas de este medio- también de las declaraciones del intendente que -en materia de controles- se quejó de que había pasado "un elefante blanco en nuestras narices".

Susana Squeff comentó que en uno de los operativos realizados por los inspectores municipales se intentó producir la clausura de la concesionaria del puerto de Santa Fe, la empresa TPS, Terminales Portuarias Santafesinas.

Dijo que en este caso, personal de la Prefectura "impidió el paso" de los agentes municipales que "tenían la orden de clausurar a TPS" por carecer de inscripción en el municipio.

"Los operativos en el puerto son conocidos, y no entendemos cómo el Concejo insiste sobre algo ya hecho. Incluso -agregó-, hemos emitido hasta órdenes de clausura de dos empresas que no tienen hecho ningún registro efectuado en la Municipalidad; ante este acción una de las empresas lo inició y la otra, que es TPS, no permitió la entrada de inspectores mediante la Prefectura, con lo que no se reconoció la autoridad del Municipio para actuar dentro del puerto".

Ante lo dispuesto por la fuerza de jurisdicción nacional, "los inspectores se retiraron; entendimos entonces que ante esta realidad se debe analizar jurídicamente la cuestión: de todas formas ya hay una clara definición política del intendente de no resignar el derecho del municipio".

Entre las funciones de su cargo, Susana Squeff es la representante de la Municipalidad ante el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, desde el principios de abril, cuando el intendente Marcelo Alvarez hizo cambios en su staff de colaboradores.

En diálogo con El Litoral, admitió que no sabe si el propio pliego de concesión que rige las actividades de TPS previó el derecho del municipio a ejercer controles en ese sector.

"Es un tema fuerte a tratar con los demás miembros del Ente Portuario, pero lo que históricamente ha pasado es que hay empresas que sí hicieron sus trámites de inscripción y pagan religiosamente, y otras que aprovechaban una conducta errática del municipio para no pagar, e insisto: de este tema ya nos hemos ocupado".

Tras expresar que el directorio del Ente aún no se ha reunido desde que tiene las funciones de representante municipal, adelantó que en este tema "cada uno -la Municipalidad, el Ente y los demás integrantes-, deberá poner sobre la mesa lo que jurídicamente corresponde". Argumentó que "pese a que el puerto tiene proyecciones nacionales, el municipio no puede resignar sus derechos".