La reforma al Código Procesal Penal tiene numerosos antecedentes en el Poder Judicial y Legislativo y apunta a lograr "dinamizar la acción de la Justicia, disminuir los tiempos de juicios y avanzar hacia el denominado juicio oral que, pese a haber sido adoptado por todas las provincias, no ha sido aceptado por los magistrados siendo, en consecuencia, la única provincia donde rige enjuiciamiento penal con trámite escrito.
Este fue el fundamento de la remisión del proyecto por parte del Poder Ejecutivo cuando el Senado le dio media sanción, luego de un prolongado trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Joaquín Gramajo. Sin embargo, el proyecto quedó anclado en la Cámara de Diputados y caducó.
Al formular su plan de seguridad, el actual ministro de Gobierno, Carlos Carranza, reclamó la sanción de este proyecto por considerarlo fundamental en el marco de las políticas que se están desarrollando para mejorar la seguridad pública y en respuesta a ese compromiso, el Senado, esta vez sin fundamentos, lo aprobó por unanimidad, por ser el mismo texto aprobado hace casi 3 años.
El proyecto resume las siguientes características y objetivos:
César Martín Royo