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Edición del Sábado 13 de diciembre de 2003

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Edición impresa del 13/12/2003 | Opinión Opinión

Opinión: OPIN-01

La nueva Legislatura y el derecho a la información


El período de sesiones ordinarias 2003 en la Legislatura provincial terminó y, a pesar de la insistencia de algunos sectores, el justicialismo se las ingenió para que no fuera aprobado un proyecto de ley que tendía a facilitar el acceso a la información de los actos de los tres poderes de gobierno.

Se lo llamó proyecto de "información a la vista". Tenía la intención de obligar a los funcionarios a dar explicaciones sobre sus actividades públicas, salvaguardando aquellas informaciones de carácter reservado ligadas con la intimidad de las personas o que pudieran dificultar las investigaciones que lleva adelante la Justicia.

No obstante, apenas asumió, Jorge Obeid anunció el envío de otro proyecto de ley para ser tratado en extraordinarias y que, básicamente, tiene el mismo objetivo del texto que perdiera estado parlamentario.

El nuevo gobernador explicó que su proyecto es similar a otro que tiene media sanción a nivel nacional y que apunta a reglamentar un derecho que claramente aparece citado en la Constitución de 1994, en los tratados y convenciones internacionales incorporados a la Carta Magna.

En líneas generales, se busca que toda persona pueda hacer pesar su derecho a solicitar, acceder a y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la Administración Pública centralizada o descentralizada, organismos de la seguridad social, empresas públicas y sociedades del Estado provincial; al Poder Legislativo de la Provincia, Tribunal de Cuentas de la Provincia, Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial, en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas.

Incluso la obligación de informar se extiende a las personas jurídicas privadas que, en virtud de la ley, ejercen funciones públicas. También a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público provincial, y a las empresas privadas a las cuales se les haya otorgado -mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual- la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.

La Constitución Nacional reformada en el año 1994 incluye, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ingreso de este proyecto a la Legislatura servirá de termómetro para saber si algo cambió a partir de la asunción de Obeid, ya que muchos de los actuales legisladores se encontraban en funciones en la gestión pasada y se opusieron a tratar la norma.

Los ojos de la ciudadanía están ahora posados sobre ellos, pues distintos funcionarios del gobierno de Carlos Reutemann repitieron hasta hace poco que la falta de tratamiento de aquel proyecto era responsabilidad de los senadores peronistas.

Si ahora esos senadores cambian de postura y aprueban el texto enviado por el nuevo gobernador, deberán explicar por qué ni siquiera consideraron el proyecto anterior, que había sido presentado por un legislador de la oposición.

Si en realidad la falta de tratamiento del texto anterior se produjo por una orden política proveniente del Ejecutivo, estarán obligados a reconocerlo ante la ciudadanía o, de lo contrario, tendrán que soportar el costo político que representaría tamaña falta de coherencia.

Si, en cambio, mantienen la misma postura y se niegan a una apertura informativa de los actos de los poderes del Estado, deberán fundamentar las razones por las que se oponen a aprobar un proyecto que reglamenta un derecho constitucional.

En definitiva, éstas son las reglas de una verdadera democracia, en la que los funcionarios rinden cuentas de sus actos ante una ciudadanía que es la verdadera propietaria del poder y que sólo lo delega transitoriamente colocándolo en manos de sus representantes.





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