La sorpresiva confesión del ex funcionario del Senado nacional Mario Pontaquarto será tal vez la última oportunidad de la Justicia para reactivar una causa que revolucionó a la política y derivó en la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, pero pasó sin dejar huella por los Tribunales.
Todo comenzó el 29 de marzo del 2000 cuando el titular de la CGT disidente, Hugo Moyano, denunció que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, dijo "tener la Banelco" para obtener el voto de los legisladores del PJ para la aprobación de la ley de reforma laboral.
El 27 de abril de ese año, el Senado aprobó la ley y, según reveló hoy su ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, esa misma noche se pagaron 4.300.000 pesos en sobornos a legisladores.
Ante los rumores que siguieron al episodio, el 12 de julio el justicialista Antonio Cafiero presentó en la Cámara Alta una cuestión de privilegio para que se investigue si hubo coimas para la aprobación de la ley.
El 15 de agosto el vicepresidente Carlos Alvarez difundió un anónimo que detallaba quiénes habían pagado y cobrado los supuestos sobornos. Al día siguiente el presidente Fernando de la Rúa exigió al Senado investigarse a sí mismo.
El 28 de agosto Cafiero nombró a tres senadores peronistas ante el primer juez que tuvo el caso, el federal Carlos Liporaci, luego renunciado ante la amenaza de un juicio político por supuesto enriquecimiento ilícito.
LA FALTA DE MÉRITOS
El 30 de ese mes, el peronista salteño Emilio Cantarero fue identificado por el diario La Nación como el senador que admitió, en reserva, haber cobrado por la ley laboral. Hoy Pontaquarto aseguró que el dinero se distribuyó en su casa.
El 1° de setiembre, Liporaci pidió el desafuero de ocho senadores y un día después De la Rúa afirmó: "No me va temblar la mano para llegar al hueso y sancionar a cualquiera que aparezca con responsabilidades".
Pontaquarto aseguró que el pago de sobornos se habló en una reunión de la que participó el presidente, quien derivó el tema al entonces titular de la Side Fernando de Santibañes.
El 6 de octubre, el vicepresidente de la Nación renunció a su cargo por no haber encontrado respaldo para investigar lo ocurrido y por algunos cambios de gabinete que, entendió, no castigaban lo sucedido.
El 20 de ese mes, De Santibañes renunció a su cargo en la Secretaría de Inteligencia del Estado.
El 6 de noviembre, Pontaquarto declaró ante Liporaci y negó haber repartido los sobornos. "Son todas mentiras", dijo entonces.
El 29 de diciembre la causa entró en una parálisis que sería casi definitiva -hasta ahora-, cuando Liporaci dictó la falta de mérito a 11 senadores investigados, muchos de ellos nombrados ahora por Pontaquarto, también beneficiado con esa medida.
Recién el 13 de noviembre último hubo un intento de reactivación con la aparición del agente de la Side Eduardo Isaac García, quien finalmente declaró pero no aportó nada.
Pero el viernes último, la Side entregó al nuevo juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, un sumario interno en el que volvió a hablarse de Pontaquarto como alguien que tuvo un rol vital en el episodio.
El ex funcionario rompió el silencio ante la revista TXT, habló con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra -abogado, ex fiscal- y finalmente fue a la Justicia.
