El gobierno no ha elaborado una sino varias respuestas a la crisis energética que, por provenir de tres motivaciones diversas y hasta opuestas, obligan a un esfuerzo de interpretación para determinar lo que realmente quiere el presidente.

La primera de estas tres motivaciones, que es de naturaleza ideológica, consiste en el repudio total del rumbo que tomó el país en los años noventa. El presidente llamó a esos años "la segunda década infame", aludiendo probablemente a la calificación de "década infame" que recibieron en su momento de los radicales los años treinta dominados por los conservadores, a menos que, para él, la primera década infame hayan sido los años setenta. Ya sea que los noventa sean la segunda o la tercera "década infame", lo que queda firme en cualquier caso es el adjetivo que el presidente les adjudica porque la infamia mancha todo lo que toca. Inclusive la política energética.

Por eso, no cabe sorprenderse ante las fuertes acusaciones que acumuló el presidente contra las empresas privatizadas que tuvieron a su cargo la ejecución de la política energética de los años noventa. Después de haber acusado a algunas de ellas de tapar los pozos para forzar hacia arriba el precio del gas, Kirchner acusó a las empresas energéticas en general de buscar el "vaciamiento" de nuestras reservas gasíferas y petroleras. La conclusión lógica de esta posición ideológica sería que, lejos de contribuir a la superación de las necesidades energéticas del país, las empresas privatizadas han sido nuestras enemigas.

¿No resulta natural que, después de haber descalificado a las empresas privatizadas, el presidente haya recibido con una verdadera fiesta pública de amistad y gratitud a los primeros barcos petroleros venezolanos que venían a traernos el fuel oil, pese a que tendremos que pagarlo a precios internacionales? ¿No resultaba previsible también que, si condena a las grandes empresas privadas, haya creado una empresa energética estatal para llenar el hueco de inversión consiguiente, obteniendo recursos fiscales adicionales con una mayor retención a las exportaciones de combustible?

La segunda motivación que parece impulsar al presidente ya no es ideológica sino política: impedir que la crisis energética golpee su imagen ante la opinión pública. Después de haber atribuido las dificultades que ahora padecemos a la "desprolija pesificación asimétrica" que siguió a la devaluación de 2002 del presidente Duhalde y su ministro Remes Lenicov, después de decir una y otra vez que "heredó" la crisis por la falta de inversión privada al final de los años noventa, el mensaje político que está enviando el presidente a la opinión pública es que esta crisis, con su secuencia de alzas de precios y desabastecimiento de las industrias que ha dado lugar a espontáneas resistencias gremiales contra el posible desempleo que generará, no sólo no es culpa de él, sino que él, poniéndose del lado del pueblo contra las distorsiones que generaron anteriores gobiernos y empresas irresponsables, saldrá a liderarlo en una nueva dirección. Si la gente acepta esta explicación, habrá grandes culpables por lo que nos pasa, pero entre ellos no figurará el actual gobierno.

La tercera motivación de Kirchner es práctica: ver si puede conjurar la crisis. Pero esta línea de acción no parece incluir hasta ahora medidas efectivas para restablecer un poderoso clima de inversiones en la Argentina mediante el diseño de una economía confiable para los inversores de adentro y de afuera, sino solamente proyectos que, en el mejor de los casos, darían sus frutos de aquí a varios años, como el despliegue de la nueva empresa estatal de energía y el relanzamiento de la central nuclear Atucha II y de Yacyretá, que apuntan al mediano plazo. Esperemos al menos que, en esta materia, la distribución de garrafas a un precio inferior al actual alcance a una cantidad suficiente de bocas de expendio en favor de los más pobres, que hasta ahora han sido quienes más pagaron.

La tercera motivación se presenta por ahora como la más débil. Debería fortalecerse decisivamente, si es que vamos a impedir que la crisis energética termine afectando al resto de la economía.

En los años ochenta, el monopolio estatal de los servicios nos condujo no ya a la cesación de pagos, sino a algo aún más grave: la cesación de la luz, el gas y las comunicaciones. Menem salió del atolladero privatizando apresuradamente todo lo que había para privatizar.

El resultado inmediato fue que volvieron la luz, el gas y las comunicaciones, gracias a importantes inversiones privadas, como viene de reconocerlo un informe del Ministerio de Economía. Lo cual no quiere decir que esta política, pese a su éxito inicial, no haya tenido graves imperfecciones. La principal de ellas fue que el Estado abandonó la vigilancia de los sectores privatizados.

En los años noventa, la Argentina pasó del estatismo ineficiente e hiperinflacionario a un sistema privatista sin Estado. Pasó de un extremo al otro. Los años dos mil, ¿la verán buscar una suerte de "centro" entre estos dos polos, con el mercado y el Estado funcionando como deben, o la verán oscilar bruscamente, de nuevo, hacia los años ochenta?

El capitalismo moderno, aquel que en los países desarrollados ha erradicado la pobreza, no es producto exclusivo del mercado ni del Estado, sino una sabia combinación entre ambos. El Estado es el que fija las políticas y convoca al capital privado, vigilando después su funcionamiento. Alentados por un clima de seguridad jurídica, los capitales privados efectúan de ahí en más las inversiones de riesgo que impulsan el crecimiento sostenido de la economía. La pobreza disminuye por el aumento del empleo. Pero el Estado se ocupa también de que los más pobres participen del progreso económico general.

En el capitalismo moderno no se les puede pedir a los capitales privados, cuya meta es la rentabilidad, ni que diseñen el plan del conjunto ni que se ocupen de los marginados. Estas tareas son del Estado. Pero el Estado argentino falló por dos veces. Cuando reinaba el estatismo, fracasó como empresario al frente de las grandes empresas de servicios. Cuando reinó el privatismo, fracasó al no orientarlo ni regularlo. Y así llegamos a desnudar la clave de nuestro subdesarrollo: que no sólo los estatistas, sino también los liberales, no pueden funcionar sin Estado.

Pero la Argentina no tiene Estado. Lo demuestra la crisis de sus funciones no privatizadas como la Justicia, la seguridad y las políticas sociales. Lo que tiene la Argentina es un vasto conjunto de burócratas improvisados que han sido escogidos por el amiguismo político y no por sus condiciones de idoneidad profesional e integridad moral. Mientras no tengamos Estado, seguiremos viendo lo que vinimos viendo: un gobierno privatista que acusa al gobierno estatista anterior y un nuevo gobierno estatista que acusa al gobierno privatista anterior. Poco importa de quién sea la última palabra porque quien suceda al anterior gobierno, si no reforma el Estado, seguirá sus pasos: primero acusará al que estaba; después será acusado por su sucesor. Mientras tanto, los argentinos continuaremos esperando el desarrollo, como hasta ahora, en vano.