Córdoba.- Cuatro policías fueron apresados acusados de haber torturado y asesinado en 2001 a un joven que detuvieron en un boliche bailable de la localidad cordobesa de Despeñaderos, a unos 40 kilómetros de la capital provincial, por haber intentado conquistar a la hija de un comisario.

Los efectivos fueron imputados de "tortura seguida de muerte", un delito que prevé una pena de prisión perpetua, y para la familia de la víctima el móvil del crimen fue que el joven intentó seducir en el local bailable a la hija de un alto jefe policial.

Según un comunicado de la jefatura de policía, por orden judicial se dispuso la detención del sargento primero Eduardo Agustín Torres, el cabo Mauricio Ariel Carranza, el cabo Juan Carlos Ledesma y un ex becario, cuya identidad no fue suministrada.

Los cuatro fueron imputados por el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Emilio Drazile, y están alojados en una celda de la Alcaidía de Investigaciones.

El caso se remonta al 30 de diciembre de 2001, cuando los tres suboficiales y el ex becario se desempeñaban en la subcomisaría de Despeñaderos, donde el joven Pablo Fernández murió ahorcado en la celda de esa dependencia policial.

Fernández, oriundo de esa localidad cordobesa, había sido aprehendido en un boliche y los policías dijeron que no lo detuvieron sino que lo demoraron "en resguardo de su integridad".

La policía sostuvo entonces que Fernández se había suicidado tras colgarse de los barrotes de la celda con su propia camisa.

Los argumentos no convencieron a la madre de la víctima, María Amelia Díaz, quien poco después contrató al abogado penalista Alejandro Zeverín.

En diálogo con Télam, el letrado puntualizó que al cabo de distintas diligencias se estableció que la detención del joven se realizó en el boliche al que concurría periódicamente a bailar, por "haber tratado de seducir a la novia del hijo de un alto jefe de policía, de apellido Machado".

Según consta en el expediente, la primera autopsia avaló la tesis oficial del suicidio, pero la misma fue impugnada por Zeverín y se realizó una segunda autopsia donde se constataron las huellas de una brutal golpiza, tales como "destrucción total de los huesos faciales, huellas de lesiones en las muñecas y rastros de un ahorcamiento".

Una tercera autopsia, también solicitada por el abogado para establecer la "posible mecánica del suicidio", permitió descubrir que el objeto con el que se produjo el ahorcamiento era "estrecho" -podría tratarse de un cinto- y que Fernández "nunca pudo ahorcarse, sino que hubo intervención de terceros".

Es que el estudio determinó que después de la golpiza que le propinaron, el joven habría quedado casi en coma y, por lo tanto, no pudo suicidarse, explicó Zeverín.

"La camisa nunca pudo ser la causa, pues las huellas eran más angostas y no eran descendentes, lo que demuestra que no hubo colgamiento, sino estrangulación", sostuvo el letrado.

El abogado criticó también la morosidad judicial y recordó que por ese motivo, oportunamente presentó una denuncia contra quien fue fiscal de instrucción en Alta Gracia durante ocho meses, Gustavo Sandoval, quien hasta mediados de 2003 tuvo todos esos antecedentes en su poder y no adoptó ninguna medida.

El expediente quedó posteriormente a cargo del fiscal Drazile, quien tampoco ordenó ninguna diligencia, por lo que la madre de la víctima, patrocinada por Zeverín, lo denunció el jueves pasado en los Tribunales locales por encubrimiento, según contó a Télam el abogado.

Según Zeverín, recién entonces el funcionario judicial ordenó la captura de los policías, quienes hasta ayer estuvieron prestando servicio normalmente en la Subcomisaría de Despeñaderos, acusándolos de partícipes del grave delito que, en caso de probarse su autoría, podrían ser condenados a prisión perpetua.

A raíz de la gravedad del caso, fuentes relacionadas con la investigación indicaron que las autoridades judiciales ordenaron en las últimas horas la protección de testigos, familiares y abogados vinculados con el episodio. (Télam).