El gobierno argentino finalmente enviará una misión militar a Haití. La decisión fue aprobada por el Congreso de la Nación y se formaliza en el marco de la legalidad de las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad y la resolución 1.542. Países como Brasil y Chile, entre otros, tomaron decisiones parecidas. El objetivo es apoyar el proceso de democratización en Haití, contribuir a fortalecer sus instituciones y, para ello, desarmar a los grupos parapoliciales, proteger los derechos humanos y crear condiciones para una salida electoral.

En su momento estuvieron presentes en Haití tropas de los Estados Unidos de Norteamérica y de Francia. Los conflictos en Medio Oriente, así como consideraciones políticas de orden continental, empujaron el retiro de estos soldados y ahora le toca a las tropas de países latinoamericanos asegurar el orden en un país empobrecido (más del 70 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza y la expectativa de vida no supera los 50 años) y arruinado por la corrupción, los desaciertos económicos, el oscurantismo religioso y la violencia política.

Como se recordará, el anterior presidente, Bertrand Aristide, fue derrocado hace unos meses por una conjura golpista encabezada por militares y civiles comprometidos, en más de un caso, con el viejo régimen de Duvalier, la siniestra dinastía que gobernó Haití durante casi treinta años.

Al momento de debatirse el tema del envío de tropas en el Congreso, dirigentes opositores recordaron que la caída de Aristide debe ser calificada como un golpe de Estado y no como una legítima insurrección popular, como insistían algunos voceros del oficialismo.

Al respecto, conviene recordar que el golpismo en Haití es casi un deporte nacional, como lo prueban los treinta y dos golpes de Estado que se ejecutaron en este país que, curiosamente, fue el primero en América latina en independizarse del dominio colonial.

Los principales dirigentes militares que protagonizaron la asonada están denunciados por Amnesty Internacional y Human Rights Watch por participar en comandos de la muerte y alentar torturas y desapariciones de adversarios políticos. Guy Philipe, Louis-Jodel Chamblain y Jean Tatoune -los flamantes gobernantes- están considerados por los organismos de derechos humanos como verdaderos criminales de guerra.

También es cierto que el gobierno de Aristide distaba mucho de ser un ejemplo de democracia y conducta republicana. Las elecciones de 2000 fueron severamente cuestionadas por observadores internacionales y, como a los que ahora gobiernan, se les reprocha haber contado con una policía propia decidida a acallar toda voz de disidencia.

De todos modos, no es sensato decir que los Estados Unidos son los responsables de lo ocurrido o poner en el banquillo de los acusados al supuesto unilateralismo norteamericano en materia de intervenciones militares, para luego rehuir la invitación a participar de una fuerza multilateral protegida por la legalidad de las Naciones Unidas.

Al respecto, cierta izquierda que le reprocha a Bush la intervención al margen de la legalidad internacional en Irak, debería recordar o tener presente que en el caso de Haití la fuerza de paz actúa dentro de la ley y con objetivos claros y precisos.

En ese sentido, la autorización del Congreso nacional para el envío de tropas a Haití es correcta porque los procedimientos son legítimos y los objetivos buscan la pacificación del país caribeño. No obstante, es necesario advertir que ello no significa el libramiento de un cheque en blanco.

En ese sentido, y atendiendo la complejidad del proceso haitiano, lo deseable sería que la participación de la Minudtah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), esté sujeta a controles y revisiones periódicas, con el fin de monitorear el gradual cumplimiento de los objetivos finales.

En Haití, la realidad política no se divide entre buenos y malos o entre blancos y negros. La situación política interna no sólo es inestable sino que está marcada por la violencia. Por otra parte el país como tal está en quiebra y no son pocos los analistas que sostienen que desde hace rato ha dejado de ser una nación viable.

No está mal entonces que la Argentina colabore junto a otros países de América latina en el intento de realizar un rescate institucional que contribuya a pacificar el país y sacarlo del marasmo, pero es importante que se fijen los plazos de esta intervención y que, cumplidos los primeros seis meses, se debata con seriedad la conveniencia de una renovación.