El titular del bloque justicialista del Senado, e integrante del Consejo de la Magistratura, Miguel Pichetto, puso al descubierto ayer la existencia de diferencias de criterio dentro de ese cuerpo frente al caso del juez federal Juan José Galeano, al opinar que el gobierno nacional "le debería aceptar la renuncia" al magistrado.

Pichetto, que no es el único integrante de la Magistratura que opina de esta forma, tomó distancia de la posición del representante de los abogados en el Consejo, Beinusz Smuckler, y de la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, quienes el martes le reclamaron públicamente al presidente Néstor Kirchner que rechazara la dimisión del juez que podría resultar destituido, si avanza en la Magistratura la acusación por mal desempeño de funciones que se le imputa a raíz de las irregularidades presuntamente cometidas en la instrucción de la causa del atentado a la AMIA.

Smuckler calificó ayer de "muy sana para la salud de la República" la decisión del presidente de evitar un pronunciamiento sobre la renuncia del magistrado, lo que permitió que el Consejo avanzara en la citación para hacer el descargo, considerado el primer paso hacia la apertura de un eventual proceso en su contra.

Una fuente del Consejo admitió que en los próximos días puede aumentar la presión para que el gobierno acepte la dimisión de Galeano, aunque descartó la posibilidad de que ello se convierta en un obstáculo para el avance del caso que por ahora es analizado en la Comisión de Acusación. De hecho, el martes los integrantes de esa Comisión apoyaron unánimemente la citación de Galeano para el 30 de setiembre, con excepción de Jorge Yoma, quien se ausentó de las deliberaciones antes de la votación.

"Es muy fuerte la presión de la opinión pública en este caso, y frente al control social que ello implica, los políticos suelen mostrar alguna sensibilidad", explicó el vocero.

Ayer, Pichetto justificó su postura favorable a la aceptación de la dimisión en los antecedentes que el propio Consejo registra en casos similares. "Galeano presentó su renuncia con anterioridad a ser citado a declarar por la Comisión de Acusación", dijo, y recordó que el objetivo final del juicio político de un magistrado "es promover su destitución, y la renuncia es un mecanismo que allana ese camino".

También consideró falso el debate en torno de la posibilidad de que el magistrado perciba su jubilación -beneficio que no cae aunque dimita- al advertir que "le faltan muchos años para jubilarse -recién tiene 46- y ese beneficio previsional se regirá por los últimos diez años de aportes".

Galeano dejó trascender a través de sus colaboradores que "no fue una decisión fácil presentar la renuncia", y sugirió que las responsabilidades van mucho más allá de lo expresado por el Tribunal Oral 3, al recordar que "todas las diligencias del proceso fueron conocidas y hasta requeridas por los querellantes y la Fiscalía".

Este parece ser uno de los puntos débiles del caso, ya que entre quienes avalaron por acción u omisión la pesquisa realizada por el juez figuran los miembros de la comisión bicameral de seguimiento de la causa AMIA de entonces, uno de cuyos integrantes era la actual primera dama, Cristina Fernández de Kirchner.

Galeano retornó ayer al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 9 -subroga además el N° 10- para proseguir con la instrucción de otros casos.

De no aceptársele antes la renuncia, continuará en funciones hasta mediados o fines de noviembre, cuando los integrantes del Consejo de la Magistratura podrían votar y aprobar la apertura del juicio político y suspenderlo en sus funciones.

La Cámara Federal avanzó ayer sobre la conducta del juez federal Claudio Bonadío, quien investiga las irregularidades cometidas por su colega Juan José Galeano en la instrucción de la acusa de la "conexión local" del atentado a la AMIA, al anunciar que pedirá informes al Poder Ejecutivo acerca de la presunta vinculación que tuvo el magistrado con el ex ministro de Interior, Carlos Corach, durante la gestión presidencial de Carlos Menem.

Los camaristas actuaron en respuesta a la recusación planteada contra Bonadío por el ex comisario Juan José Ribelli, recientemente absuelto por el Tribunal Oral 3 en la causa AMIA. El objetivo es dilucidar si, como se menciona habitualmente, Bonadío trabajó para Corach cuando era titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Este punto es seguido con atención por el gobierno nacional, ya que Bonadío es uno de los jueces de la famosa servilleta que podría tener un destino similar al de Galeano, debido a que en el Consejo de la Magistratura existen varias denuncias en su contra, una de las principales por su conducta en la causa de la denominada "contraofensiva" de los Montoneros, por la cual mantuvo detenidos durante 67 días a los ex dirigentes peronistas Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía.