Polémica por subsidios en el Senado
Un ex tesorero de la cámara aseguró que "la mayoría de los senadores" efectúa las rendiciones de fondos con demora, y algunos "nunca" lo hicieron.

La Cámara de Senadores volvió a ocupar el centro de la escena, a partir de las denuncias periodísticas de un ex tesorero del cuerpo sobre presuntas irregularidades en el manejo de los subsidios.

Roberto Rodríguez, quien hoy cumple funciones en la Biblioteca del Senado, dijo en el programa Asuntos Públicos que conduce Guillermo Tepper por Canal 9, que en la cámara funcionaba una "especie de financiera" que llegó a causarle "repulsión".

El denunciante fue tesorero-habilitado del cuerpo entre 1990 y 1993, y en sus revelaciones aseguró sufrir "una persecución injustificada" y hasta "amenazas de muerte" a partir de haber objetado altos alquileres o el no pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los legisladores. Pero, según su relato, lo que más irritó a los legisladores fue la denuncia de que "la mayoría de ellos no justificaba quién o quiénes habían recibido subsidios y becas".

Contó que la Cámara comenzó a "seguirme" por no haber justificado 30 mil pesos que carecían de recibos. Sin embargo, advirtió que en realidad "eran ellos (los senadores) quienes en su mayoría no explicaban qué hacían con el dinero". Y en ese contexto dijo que "más de medio millón de pesos nunca se justificó".

Rodríguez aseguró haber puesto a las autoridades del cuerpo en conocimiento de lo sucedido, pero siempre obtuvo "silencio" como respuesta. En los últimos días y patrocinado por su abogado Jorge Pedraza, elevó una nota a la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, con un relato de lo ocurrido y de lo que, según sus dichos, sigue ocurriendo en el Senado.

La palabra de Bielsa

En diálogo con El Litoral, la Arq. María Eugenia Bielsa confirmó haber recibido "el relato de estas denuncias" que se remontan, sobre todo, "a 1993".

Desgranando cada uno de los puntos de la presentación, la vicegobernadora aclaró, primero, que en cuanto a la dilación en la rendición de subsidios "no se registran a la fecha subsidios con rendiciones pendientes; se han ido ordenando y completando en un período que va del '93 al '97". Admitió que en 1993, lo no rendido se elevaba a un monto de "1.600.000 pesos, que después quedaron reducidos a una partida de 30 mil", y que recién terminaron de ser rendidos "en el balance del '97".

Otro aspecto de la presentación refiere a "aportes y retenciones de tributos tanto nacionales como provinciales". En cuanto a los provinciales, Bielsa aseguró que "según la Tesorería, está absolutamente todo depositado y no hay dudas de que los aportes al API fueron realizados". En cuanto a la Afip, reveló que fue solicitado a este organismo un informe sobre el período en cuestión, que será entregado recién esta semana.

Acerca del funcionamiento de una especie de "financiera", Bielsa reconoció que "puede haber sido". "No digo que no, porque también esta Cámara tuvo en su momento un vicegobernador que terminó con cargos en la justicia y fue condenado. Entonces, puedo gozar del beneficio de la duda sobre el rigor administrativo de los actos de aquellos años. Pero también puedo decir que hoy nada de eso sucede", sostuvo.

Con respecto a la situación personal de Rodríguez, advirtió que si bien en el escrito señala que "fue desplazado" de su función de la Tesorería, en realidad "nadie lo separó del cargo, sino que él mismo pidió el traslado a la Biblioteca en 1993". Con respecto al pedido que formula el denunciante para que se le retire el cargo que se le imputa -la falta de rendición de los 30 mil pesos-, consideró que "es poco riguroso actuar sobre un período que se retrotrae a diez años sin estar lo suficientemente documentado" por lo que se está "buscando todo el asesoramiento y documentación necesaria".

"Pero él no es perseguido -aseguró-, al menos desde que estoy en la función, él nunca me pidió una audiencia; he ido varias veces a la biblioteca y nunca me manifestó este tema".

Renuncia

El senador Ricardo Olivera presentó su renuncia al triunvirato que preside el bloque de senadores justicialistas, aunque al cierre de esta edición aún no le había sido aceptada. De esta forma, permanecen en la conducción de la bancada los senadores Daniel Depetris y Héctor Ocampo.

En tanto, se especulaba con que esta dimisión pone en serio riesgo la unidad del bloque. Desde hace días, se advierte una relación tensa entre reutemanistas y kirchneristas.

Las metodologías utilizadas

Al margen de la "extemporaneidad" de la denuncia, la vicegobernadora María Eugenia Bielsa admitió que los cuatro años que se tomaron algunos senadores a partir de 1993 para rendir más de un millón de pesos constituyen "una demostración de un desorden administrativo no deseable". Pero puso al resguardo su gestión, y aseguró que desde su asunción "se aplican estrictamente las normas vigentes". Al respecto aseguró que "los subsidios están hoy rendidos siempre dentro de los 45 días que exige la normativa, y no se entregan las nuevas partidas si quedara algún recibo pendiente".

Consultada sobre si es intención de la actual gestión iniciar una investigación para esclarecer estos términos, opinó que "cualquier cosa que signifique trabajar sobre la transparencia de la Cámara, para nosotros es una preocupación". En cuanto a la denuncia puntual de Rodríguez, que "es retroactiva a diez años", aseguró que se está buscando "toda la documentación para dar la respuesta que corresponda en términos administrativos y legales, si fuera oportuno".

La vicegobernadora defendió la política de subsidios en manos de los senadores, incluso, le pareció pertinente que sean por un monto mayor al que entregan los diputados (8 mil pesos contra 5 mil). "Podría prescindirse de esto seguramente cuando tengamos un Estado eficiente, pero hoy todavía no lo tenemos", indicó.

E indagada sobre la posibilidad de que sean públicos los nombres de todos los beneficiarios de estas ayudas, sostuvo que "ésta es una información pública que está a disposición en las secretarías Administrativa y Legislativa de la Cámara", pero advirtió que "debe preservarse el derecho a la intimidad de los beneficiarios porque muchas veces se trata de situaciones muy gravosas y en estado de desesperación". De todos modos, "si la supuesta mala utilización del subsidio ameritara la publicidad y hay consentimiento del senador, la información puede difundirse".