La elevación del salario mínimo a $ 630 -a partir de la incorporación como sumas remunerativas de los $ 150 otorgados por decreto por el gobierno nacional- se encamina a convertirse en el punto de encuentro entre empresarios y sindicalistas, según se desprende de las posturas que plantearon ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al concretarse la primera ronda de conversaciones preparatorias de la reunión del Consejo de la Producción, el Empleo y el Salario Mínimo, que se llevaba a cabo hoy.

La intención del gobierno es discutir un paquete de acciones que va, desde el incremento del salario mínimo a $ 630, en una primera etapa, hasta la implementación de otras medidas destinadas a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, como la elevación de las escalas de sueldos para las asignaciones familiares y del tope a partir del cual los empleados en relación de dependencia empiezan a pagar el Impuesto a las Ganancias.

Tomada se reunió ayer con los representantes de la UIA y de la CGT para escuchar sus posiciones sobre la modalidad que debería tener el incremento salarial que empezará a discutir el Consejo del Salario. Esta ronda de consultas se completará con los dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara de la Construcción).

El jueves, el gobierno decidió reflotar la discusión salarial en el marco del Consejo, como una forma de atenuar la creciente conflictividad gremial que se venía manifestando en las calles a través de reclamos sectoriales por urgentes mejoras en los ingresos.

Con todo, las medidas que adopte ese cuerpo integrado por funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales, estarán dirigidas a atender solamente la situación de los trabajadores en blanco, ya que se trata de una discusión centrada en la elevación del salario mínimo de los empleos formales a $ 630, como desea la CGT, o $ 772, como lo reclama la CTA.

Esta central sindical sostiene, además, la necesidad de atender la situación de los casi 2 millones de desocupados que no serán alcanzados por este beneficio.

Ayer, los empresarios manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo consensuado, tras admitir la necesidad de modificar los salarios. No obstante, reconocieron que en la industria la cifra propuesta por la CGT se alcanzaría -y hasta se superaría cómodamente- con la incorporación a los salarios de los aumentos dispuestos por el gobierno a través de decretos, aunque no ocurriría lo mismo en el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que ya advirtieron que sólo podrían afrontar ese estándar si, a cambio, recibieran beneficios impositivos o una reducción de los costos laborales.

El otro aspecto a debatir es la ampliación de los topes de sueldos para el cobro de las asignaciones familiares, actualmente establecidas en $ 60 por hijo en los salarios inferiores a $ 725, $ 45 para los que perciben hasta $ 1.225 de sueldo, y $ 30 para los que cobran hasta $ 2.025.

Por último, el Consejo podría analizar la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, una idea que no cuenta con el beneplácito de la cartera económica.

El sábado, el titular de la CGT, Hugo Moyano reveló que se pretende elevarlo desde los $ 1.835 actuales, a $ 3.500, en el caso de los solteros, y a $ 2.900 para los casados, quienes actualmente tributan a partir de los $ 2.200 de sueldo.

Esta medida, junto con la elevación de los topes para las asignaciones familiares, apuntaría a beneficiar a unos 500.000 asalariados.

La única diferencia que se planteó ayer en las discusiones por la suba del salario mínimo estuvo en los plazos en que se concretará la medida. Mientras la CGT pretende inmediatez en la concreción, la UIA pidió que se extienda hasta setiembre.

El gobierno nacional comenzó ayer el recorrido a marcha redoblada del camino hacia un impulso decidido a la demanda, a través de aumentos salariales, bajas de impuestos e incrementos de las asignaciones familiares.

El plan del presidente consiste en superponer una rebaja impositiva, con subas de las asignaciones familiares y un aumento progresivo del salario mínimo, hasta alcanzar los 630 pesos en julio y, tal vez, los 738 de la línea de pobreza antes de las elecciones de octubre. En el caso de los impuestos, la idea de Kirchner es subir el mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias desde 1.800 pesos brutos de salario a 2.900, lo cual beneficiaría a un piso de 350.000 trabajadores que verían incrementos del orden del 10% en sus salarios de bolsillos.

El Ministerio de Economía no suscribe la tesis del presidente, que sostiene que como la inflación de mayo tampoco superará el 0.5% el riesgo inflacionario se ha disipado, con lo cual vale la pena apurar ahora una suba diversificada de los ingresos de la gente, para impulsar el consumo y a través de éste el crecimiento sostenido de la economía. "No hay riesgos de inflación y eso Economía lo sabe", dijo un altísimo funcionario de Trabajo, que en esta pulseada juega claramente contra Lavagna, cumpliendo órdenes de la Casa Rosada.

"Están jugando con fuego", retrucó un empresario que, en consulta con este diario, mencionó estudios económicos privados que siguen pronosticando riesgos inflacionarios una vez que se vuelquen masivamente los nuevos ingresos al mercado, y cuando se termine de espantar el temor generalizado que provocaron los aumentos de precios de enero y febrero, y que motivaron una reacción popular de suspensión de decisiones de gasto.