Datos estadísticos, índice de delitos que involucran a menores, una sensación compartida entre vecinos. Desde donde se lo quiera abordar, el tema de la inseguridad preocupa a vecinos de todos los barrios de la ciudad, sin excepción. Y en lo que va del año las juntas de seguridad barrial, creadas para debatir in situ el problema y cara a cara con las autoridades, aún no fueron convocadas.

Sin embargo, sólo con ese dato no alcanza. Más allá de las lecturas que se hagan sobre esta demora -la convocatoria debe hacerse desde la Municipalidad, pero de gobierno de la provincia depende una repartición que se aboca precisamente al tema- las instituciones que en su momento integraron las juntas interpretan que su efectividad depende de una verdadera estrategia de seguridad y de respuestas concretas por parte de todos los estamentos de gobierno. "La junta servía como herramienta de control social del funcionamiento de la policía, pero las acciones se tienen que centrar en la prevención", opinó Mónica Ledesma presidenta de la Federación de Vecinales y, antes, dirigente de la vecinal Guadalupe Oeste que fue pionera en el funcionamiento de juntas barriales, "hasta que la gente se cansó de no tener respuestas y dejó de ir".

Lo mismo ocurrió en otros barrios: en el año 2002 la Municipalidad relanzó el programa de juntas y éstas comenzaron a funcionar prácticamente en toda la ciudad. Sin embargo, la ausencia de "jerarquías de gobierno" en las reuniones, capaces de asumir compromisos y brindar una respuesta concreta a los planteos que allí se hacían, terminó por diluir los esfuerzos. Y este año ya no volvieron a ser convocadas.

Mientras tanto, los problemas se repiten en distintos puntos de la ciudad y, las mayores coincidencias entre los vecinalistas pasan porque no existe una política de seguridad constante, sino que se actúa en forma "espasmódica" y ante hechos mediáticos o concretos; no son suficientes los recursos en algunas seccionales que, además, tienen un radio geográfico demasiado amplio por cubrir; aún así, más recursos humanos y móviles tampoco garantizan efectividad si se carece de una política de prevención. Y, por sobre todo, no hay respuestas apropiadas a los planteos de los vecinos.

"No hay jerarquía de gobierno y de todos los ministerios en las reuniones. El comisario te da la razón, pero con eso no alcanza", resumió Pablo Maldonado, de Los Hornos. "Las juntas dejaron de funcionar cuando se vio que no participaba nadie del gobierno y que la Municipalidad por poco mandaba a un ordenanza", añadió. Sí destacó la figura del director de Asuntos Vecinales municipal Oscar Ponce.

En su barrio sólo hubo dos reuniones, la primera antes de la inundación de 2003.

Cada zona tiene su particularidad: Altos de Nogueras forma una suerte de triángulo que pertenece a la vez a las seccionales 10°, la 7° y sub 11°. Tenían además una base del comando radioeléctrico con móviles y policías "que duró dos meses y se lo llevaron", contaron vecinalistas. Mientras tanto los problemas, y no sólo de seguridad, aumentan: el dispensario está desbordado, la escuela ya no tiene capacidad, el estado de las calles es lamentable.

Una sucesión de hechos delictivos motivó una reunión en mayo con autoridades del Ministerio de Gobierno. "Durante 15 días los patrulleros estuvieron todos los días recorriendo el lugar", y para julio se prepara otra reunión pero específicamente por el tema de alarmas comunitarias. Esta cuestión inquieta a los vecinos, porque temen que toda la atención esté centrada únicamente sobre este método de prevención y deje de lado otras estrategias de fondo.

Precisamente, desde la jurisdicción de Parque Garay se aportó que "la inseguridad no es sólo en las casas sino también en las calles. El parque es tierra de nadie", consignó una vecina y se preguntó "qué hacemos con la alarma en la casa si la inseguridad está en todos lados".

A Manuel Miralles (vecinal Sarmiento, barrio Cabal) no se le escapa que la inseguridad sigue avanzando pero "no se pueden atender las consecuencias sino las causas y si no hay una decisión política en ese sentido, va a empeorar". "El problema es el mismo que la Federación viene planteando desde hace años: la falta de contención y de proyectos y el efecto dominó que todo ello produce. Y esto no se soluciona con más alarmas ni con más armas y escudos, sino con una política de fondo".

Guadalupe Oeste y la jurisdicción de la seccional 8° registró la mayor trayectoria en el funcionamiento de la junta barrial. "Fue una experiencia extensa y positiva, pero terminamos diciendo `no venimos más', porque no había una respuesta política a lo que se pedía", opinó Horacio Boero

"Para las instituciones era una herramienta útil, pero la gente se fue cansando de ir a las reuniones y que no se concrete nada", resumió Ledesma y aportó: "Todos coinciden en lo que planteamos, pero nadie decide hacerlo como lo planteamos". "Y hace diez años de eso", concluyó Miralles.

Las alarmas comunitarias funcionan ya en numerosos barrios de la ciudad y, si bien los vecinos reconocen que facilitan la comunicación y solidaridad entre quienes integran el sistema, les preocupa la suerte de quienes no se sumen a esta modalidad. "En las reuniones nos dicen que, si adherimos, garantizan que en 3 minutos la policía va a estar respondiendo al llamado, pero muchos se preguntan qué pasa si no tenemos alarma y por qué ahora la policía no responde", expuso una vecina. Y otro se preguntó, "si no tengo la alarma y llamo por teléfono, �no van a venir?".

El próximo jueves a las 18 en la sede de la Defensoría del Pueblo se reunirán autoridades de esa repartición, del Ministerio de Gobierno de la provincia y vecinos de barrio Guadalupe. Allí se evaluarán estrategias para responder al pedido de un numeroso grupo de vecinos de ese sector de la ciudad, que reclamaron más seguridad ante los numerosos hechos delictivos que se registran a toda hora del día.

En efecto, en los últimos días de mayo los vecinos formalizaron el pedido ante la Defensoría, para que intervenga en el tema, a través de una nota que recogía la firma de pobladores de unas cincuenta manzanas de Guadalupe Norte y Este y la adhesión de instituciones como la Universidad Católica de Santa Fe, escuelas y jardines de infantes. Como consecuencia, Defensoría y Ministerio de Gobierno se reunieron en los primeros días de la semana y ahora convocaron a un nuevo encuentro para el jueves.