La Defensoría del Pueblo ofició de intermediaria para que el Sub Secretario de Seguridad de Santa Fe, Gustavo Peters, se reúna con los vecinos y entidades barriales de Guadalupe, para discutir sobre seguridad.

"La idea es trabajar con las organizaciones barriales y las juntas vecinales" dijo el funcionario, que luego de introducir el tema pidió que los presentes se identificaran, para así saber cuáles eran las instituciones interesadas.

La reunión comenzó a las seis y media de la tarde del jueves, y fue en el despacho del defensor del pueblo, Carlos Bermúdez. Además de dirigentes vecinalistas, directoras de escuela, y particulares, hubo emisarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y de Asuntos Vecinales de la municipalidad.

"Pedí un informe a la policía y me dijeron que es bastante importante el despliegue policial. Me mostraron las estadísticas de la zona, con una determinada cantidad de delitos. En esa estadística se refleja una pequeña baja -explicó Peters, y siguió-; por lo tanto la intervención policial en la zona se ve como algo efectivo". Aunque minimizó la importancia de las estadísticas, porque sabe que muchos de los delitos no se denuncian y su disminución no es significativa comparada con los últimos años de la década pasada, recibió la respuesta de algunos vecinos.

El primero en hablar de parte de los afectados dijo que "la inseguridad en Guadalupe empezó con el robo de bicicletas, de ropa, zapatillas y carteras. Cuando vamos al mercado, al banco, a la escuela. Se da el robo a las propiedades, que son continuos y sistemáticos. La falta de iluminación en la zona, la arboleda, los descampados y las villas que la rodean, hacen que permanentemente transite un grupo de gente que aprovecha".

Otro lugareño, representante de la vecinal Guadalupe Noroeste, opinó diferente y defendió la labor policial. Contó que desde hace cinco meses, las tres bandas que los asaltaban ya no los molestan. Todo se lo agradeció al comisario que desde hace un tiempo se está desempeñando en la zona.

Una mujer pidió que "la policía lleve un registro de la gente que está entrando al barrio", a lo que Peters le respondió que "hay cuestiones legales que hacen que no se pueda investigar a las persona sin motivos, ni orden judicial".

Casi nadie se quedó sin hablar, todos dijeron lo suyo y en la mayoría de los casos se coincidió en una salida de fondo y no en aumentar la presencia policial.

El Sub secretario se contentó con la amplia visión de sus interlocutores, y apeló a las instituciones del sector "porque en las ciudades grandes, cada lugar tiene sus propias características socio culturales, y hay que determinar cuáles son sus problemas. Eso me lo van a decir en la escuela, la parroquia, el club y los vecinos. A partir de allí lo que interesa es lograr implementar programas para bajar el nivel de violencia y contener a los chicos".

Peters está de acuerdo con que "habría que tratar de facilitarle la denuncia a la gente", porque entendió que a la persona que le roban $15 no acude a la policía porque sabe que no va a recuperar el dinero. "Pero sirve para que los encargados de la seguridad sepamos qué cantidad de hechos hubo", insistió el sub secretario.

Uno de los vecino lo interrumpió para decir que "nadie va a hacer la denuncia porque después tenemos un doble problema. La denuncia, y que nos peguen un tiro, porque los que roban nos conocen". También preguntó si la policía puede hacer inteligencia sobre el delito, porque aseguró que en su barrio hace 10 años que hay bandas, manejadas por "personajes con protección", y todos miran para un costado.

El Defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, informó que la institución está trabajando en una investigación que apunta a demostrar los costos -económicos y sociales- que tiene para el Estado la falta de políticas de contención de los sectores excluidos o sumidos en la pobreza, así como la carencia de infraestructura para atender a los menores en conflicto con la ley penal.

Sobre el punto anunció que "los resultados preliminares nos están demostrando que resulta más beneficioso y económico para el Estado establecer programas con doble escolaridad obligatoria para adolescentes y jóvenes hasta los 18 años", que abandonarlos durante el período que va de los 12 a la mayoría de edad, cuando vuelven a ser incluidos en los planes Trabajar o Jefes de Hogar.