El precio subsidiado del gasoil para el transporte urbano de pasajeros llegó finalmente a $ 0.42 el pasado 27 de junio, es decir que se redujo casi a la mitad. De los $ 0.82 que costaba hasta esa fecha, las empresas locales lo adquieren ahora a este nuevo precio, lo que significa un alivio para el sector pero no involucra ninguna modificación en la tarifa que, por ahora, seguirá costando $ 1.

La confirmación del nuevo valor del combustible era una noticia esperada por los propios empresarios y por los sectores que siguen de cerca la evolución de los costos y su relación con el precio del boleto. Se especulaba incluso que cuando tal novedad se produjera se volvería a la escala tarifaria anterior al 13 de junio.

Sin embargo la Municipalidad no tiene previsto hacer cambios y el secretario de Servicios Públicos, Julio Basabilbaso, explicó el porqué.

De acuerdo con datos obtenidos de Afip la cantidad de trabajadores en el sistema es de 683. Por todos ellos el último aumento salarial otorgado por la Nación con retroactividad al 1° de mayo significa un monto de 502 mil pesos mensuales, por todo concepto.

El incremento neto de recaudación aplicado el aumento de tarifa está estimado en 220 mil pesos mensuales, teniendo en cuenta una retracción del 4 % calculada por profesionales de Ciencias Económicas y que se produce siempre que el precio del boleto sube. El ahorro por combustible subsidiado a $ 0.42 va a significar unos 275.000 mensuales.

"Es decir que si se suman los 220 mil de aumento de recaudación y 275 mil por gasoil, se obtiene una cifra de 495 mil pesos que, contrastados con el aumento salarial de 502 mil equilibra la balanza".

No obstante, Basabilbaso aportó otro razonamiento: "El incremento salarial de mayo y junio implica un millón de pesos ($ 1.004.000). La tarifa aumentó el 13 de junio y desde esa fecha hasta el 30 significó 125 mil pesos, y el ahorro de combustible del 27 al 30 de junio fue de 37.000. Si se restan esas cifras a 1,04 millones, se obtiene un defasaje de $ 842.000 que se espera sea absorbido por las dos cuotas que restan del subsidio extraordinario, de 300 mil pesos aproximadamente cada una, más los 270 mil de gasoil de julio".

Así las cosas, para Basabilbaso queda en claro que "no se puede volver la tarifa al valor anterior si se pretende sostener este equilibrio". Y siguiendo su razonamiento, sólo si más allá de agosto o setiembre se obtiene un compromiso de la Nación de mantener algún subsidio extraordinario, se podría "discutir la tarifa. Antes, imposible". En todo caso, también para entonces hay condiciones: el gasoil debería seguir a $ 0.42 y no existir ninguna reducción en el cupo asignado a la ciudad.

Hasta aquí los números. Otro plano que ofrece debate es el jurídico. En ese sentido, Basabilbaso insistió en que la ordenanza aprobada hace dos semanas por el Concejo Municipal "fue una nueva norma" y con ella "comenzaron a regir los mismos mecanismos que en todas las ordenanzas: promulgación o veto parcial o total. Nosotros optamos por el veto total porque retrotraer la tarifa a los $ 0.90 era volver a la situación de conflicto".

El funcionario recordó que "en el marco de la conciliación establecida por la Secretaría de Trabajo, a la que fuimos citados, se buscó destrabar el conflicto ya decretado para el lunes 13 desde las 9". Para entonces, UTA anunciaba una medida de fuerza, y a fin de "neutralizar el aumento de sueldos y dar por tierra el paro" es que se resolvió incrementar la tarifa, "tal como lo hizo -días después- la provincia para el interurbano".

Basabilbaso analizó el impacto de aquella decisión en dos planos: en materia de costos evaluó que para el ciudadano común los 10 centavos de aumento en la tarifa plana, y los 5 en el de estudiantes y jubilados, "significaron un impacto de dos pesos, menos que los índices de costos de alimentos".

En otro plano, negó que "estemos violando la funcionabilidad del Concejo o la Ley Orgánica de Municipios. Estábamos ante un vacío normativo y vetamos una nueva ordenanza".

Aclaró por último que la información sobre la que basa sus cálculos es "fehaciente y fidedigna: procede de Afip, de Ciencias Económicas y de la Secretaría de Transporte de la Nación".

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Rosario y el Programa de Desarrollo de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral dieron a conocer su opinión en relación al evento que protagonizaron, días atrás, estudiantes de esa carrera en esta ciudad.

En el marco de una protesta para reclamar por el boleto estudiantil unificado, alumnos de la carrera tomaron la presión arterial a peatones en la calle San Martín y ofrecieron consejos para prevenir enfermedades cardiovasculares.

La Facultad dejó en claro que "es improcedente que los estudiantes realicen tal actividad y que existen normas que lo prohíben cuando no se posee una formación específica previa".

En consecuencia, las autoridades de la carrera de Medicina de la UNR y de la UNL "reiteran que lo actuado por los estudiantes carece de aval institucional".

Apelación

El recurso de amparo presentado la semana pasada en la Justicia por un candidato a concejal, en contra de los decretos y el veto del intendente -que dispusieron el costo del boleto a un peso-, tropezó con la decisión del juez de la 8° Nominación, quien se declaró "incompetente". Carlos Pereira, candidato a ocupar una banca por el sector de la UCR que lidera Hugo Storero, anticipó que a través de sus abogados apelará ese fallo para insistir en su reclamo.

En la sesión de mañana, los bloques opositores y del PJ disidente dentro del Concejo Municipal volverán a insistir en el rechazo al veto del intendente Martín Balbarrey a la ordenanza N° 11.200 -sancionada tres semanas atrás- que ratificaba el valor del boleto de colectivo a $0,90 y pedía el envío de los pliegos para la nueva licitación del servicio.

Las bancadas de la UCR y el socialismo, junto con los bloque del PJ Santa Fe-Centro y Eva Perón reúnen, con todas sus firmas, nueve votos en contra del veto, insuficientes para aprobar el rechazo, ya que se necesitan los 2/3, es decir, deberían contar con el voto de al menos dos concejales del bloque oficialista.

El jueves pasado, los ediles ya habían realizado el mismo intento sin éxito. Y se resolvió anticipar la sesión de esta semana para mañana a las 10, antes del receso invernal.

Para rechazar un veto el Concejo tiene cinco sesiones de plazo (una ya se cumplió), pero la oposición quiere despachar el tema antes de volver a verse las caras en el mes de agosto, luego de las vacaciones.

"Si es necesario, vamos a pedir una votación nominal", advirtió hoy una fuente de la UCR. Esto significa que todos los ediles deberán decir, con nombre y apellido, si votan a favor o en contra del veto. Aunque legislativamente, esto no modificará el resultado de la votación.

Voceros del PJ anticiparon que no darán los 2/3 necesarios porque consideran que el boleto debe costar $1 para mantener en pie el servicio de transporte. Al al igual que hace cuatro días atrás, el Concejo sigue dividido, y los usuarios siguen pagando, desde hace más de un mes, una tarifa plana 10 centavos más cara.