El juez de Instrucción Carlos Ferrero investiga posibles irregularidades en compras de insumos para oficinas realizadas por el Ministerio de Gobierno y la Secretaría Privada de la Gobernación, entre los años 2000 y 2003.

Este caso llegó a manos del magistrado a partir de una denuncia presentada por la delegación local de la Afip. El organismo nacional habría detectado que se produjeron compras por 87.423 a una empresa que, en realidad, habría facturado 8.643 pesos. A esto se suman adquisiciones oficiales de productos similares a otra firma por 119.458 pesos, pero en ese caso las facturaciones totales ascenderían a 17.710 pesos.

La Afip plantea al juez la necesidad de investigar si efectivamente estas empresas estaban en condiciones de llevar adelante operaciones por los montos mencionados, ya que no habría relación con las las compras que dichas firmas hacían a sus proveedores mayoristas.

Ahora el magistrado deberá reunir elementos para probar estas posibilidades y -en caso de que surjan delitos- determinar si existió connivencia por parte de agentes del Estado provincial.

En este contexto, el jueves último los diputados provinciales Marcelo Brignoni (Encuentro Popular), Alfredo Cecchi (Socialismo), Antonio Riestra (ARI), Hugo Marcucci (UCR) y Gabriel Real (PDP), presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

Los legisladores requieren datos sobre los nombres de las empresas y proveedores contratados por la Secretaría Privada de la Gobernación entre los años 2000 y 2003; si en dichas contrataciones actuó la Dirección de Administración de la Gobernación y cuáles fueron las compras y contrataciones.

Además, solicitaron copias de las facturas o contratos y de las resoluciones administrativas y decretos que ordenaban dichas compras.

También pidieron copias de auditorías contables realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a la Secretaría Privada y que se informe si se solicitó la actuación de la Afip en este caso.