Es evidente que la Argentina necesita planificar un sostenido crecimiento de la inversión en educación para brindar una enseñanza de calidad a toda la población. La futura Ley de Financiamiento Educativo, actualmente en pleno proceso de discusión entre todos los actores involucrados, y que será presentada en los próximos días en el Parlamento, fija el objetivo de alcanzar en el año 2010, cuando la Argentina cumpla el segundo centenario de la Revolución de Mayo, una inversión equivalente al 6 por ciento del Producto Bruto Interno.

A valores actuales, el aumento de la inversión sería cercano a 9 mil millones de pesos. Como se prevé una continuidad en el crecimiento del PBI en los próximos años, seguramente la ley significará un incremento de la inversión educativa aún mayor. Pero no se trata sólo de invertir más recursos, sino también de definir las prioridades en las que se van a aplicar.

La educación es uno de los pocos bienes que, al democratizar su distribución, mejora tanto la vida particular de los ciudadanos como las posibilidades de crecimiento económico-social del país.

El proyecto del Ejecutivo contempla un conjunto de metas que la educación argentina debería alcanzar en 2010. Algunas son de índole cuantitativo y contemplan la incorporación al sistema educativo de la población que aún está afuera del mismo.

Ya no alcanza con que nuestros jóvenes cuenten con escolaridad básica. La ley debe contemplar los recursos materiales (edificios, libros, becas) y docentes para que en el 2010 todos ellos puedan, por lo menos, terminar el nivel medio. En el mismo orden, debe alcanzar la meta de convertirse en un país libre de analfabetismo.

Otras metas deben estar dirigidas a lograr una educación de calidad. Para que todos tengan igualdad de posibilidades es necesario que no menos del 30 por ciento de los alumnos accedan a la jornada extendida o completa.

Es imprescindible compensar con más horas de clase las desigualdades de origen. También es necesario fijar metas respecto de una mayor exigencia escolar en cada nivel. En el año 2010 debería estar incorporada la enseñanza de una segunda lengua y de la informática en todas las escuelas del país.

Otro orden de metas, corresponde a las condiciones salariales, de trabajo y profesionalización de la tarea docente. Se trata de generar niveles justos de retribución, pero también condiciones de formación inicial y de capacitación permanente que permitan que una parte de las mejoras laborales docentes estén más vinculadas al desempeño.

Por último, los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo deben incluir la mejora en la inversión en la educación técnica, en las universidades y en el desarrollo científico-tecnológico para garantizar la formación de los técnicos y profesionales necesarios para el crecimiento soberano e integrado del país.

La ley debe fijar responsabilidades de inversión compartidas. Para que la ley no se limite a una declamación de buenas intenciones, debe programar con precisión cuáles serán los aportes que anualmente incrementarán tanto la Nación como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Al fijar por ley el compromiso de las provincias de asignar parte del aumento de los recursos que recibirán por coparticipación, se procura evitar lo que sucedió con la transferencia de escuelas secundarias en 1992, cuando creció la coparticipación y el Estado nacional giró más fondos, pero las provincias les dieron otros destinos.

Se trata de generar conciencia y definir si la sociedad se decide de una vez por todas a invertir en educación. Actualmente, el 25 por ciento de toda la inversión educativa le corresponde al gobierno nacional y el otro 75 a las provincias, pero la futura ley contempla llevar esa proporción al 40 y al 60 por ciento respectivamente.

El aumento de fondos del Estado nacional se destinará a obras de infraestructura, libros, computadoras, material didáctico y capacitación. Las provincias, por su parte, deberán mejorar los salarios de los maestros y hacer frente a la apertura de nuevos cargos docentes que harán falta para atender a toda la población en edad escolar.

Durante las rondas de consultas realizadas con los ministros o secretarios de Educación provinciales, todos se mostraron interesados en definir qué criterios y mecanismos se utilizarán para compensar la inversión en las jurisdicciones más pobres, y reconocieron que el crecimiento de la inversión es imprescindible.

El conjunto de la comunidad educativa también reconoció, y quiero hacer hincapié en este punto, que lo más importante son las metas, porque de lo contrario estaríamos poniendo más plata para que nada cambie.

Lo importante

La futura ley de financiamiento educativo que impulsa el gobierno introduce una novedad de vital importancia: obligará a las provincias a invertir en educación un porcentaje de los recursos que percibirán por coparticipación federal. De esta manera se procura evitar que las provincias les den otros destinos a esos fondos, como sucedió con el traslado de escuelas secundarias. Incluso -según un informe del diario La Nación- a pesar de que debieron hacerse cargo de los sueldos de los docentes, ocho provincias (Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) disminuyeron el porcentaje de recursos asignados al área educativa entre 1993 y 1998.

Docentes de los distintos niveles del sistema, preocupados por el deterioro de la educación formal, aportan desde su experiencia profesional, aspectos de la vida cotidiana en la escuela en los que habría que invertir a partir del nuevo modelo de financiamiento.

Alejandra Farías, inspectora de EGB del conurbano bonaerense, dijo: "Dentro del ámbito escolar debería invertirse en una capacitación masiva y en todos los niveles docentes. La capacitación tendría que aplicarse al trabajo en el aula, poder ser monitoreado y evaluado a corto y mediano plazo a través de equipos técnicos. Este trabajo permitiría medir el impacto de la capacitación docente en el territorio, es decir, más y mejores aprendizajes de los chicos".

Lía Lara, profesora de Nivel Inicial en Ciudad de Buenos Aires, opina que "mejorar la calidad educativa incluye la formación de personas críticas que produzcan una sociedad más justa, más igualitaria; personas capaces de comprender qué nos pasa y sobre todo qué les pasa a nuestros alumnos. Para producir un verdadero cambio considero que ayudaría en forma significativa poder trabajar con grupos más reducidos o sea más escuelas y menos cantidad de alumnos en cada una de ellas".

Irene Raigorozsky, asesora Pedagógica de Nivel Medio de Ciudad de Buenos Aires y Profesora de Nivel Superior en provincia de Buenos Aires, considera que "la escuela media o tercer ciclo de la EGB y Polimodal trabaja con un material altamente sensible: los adolescentes. La mayoría de ellos se encuentra en situaciones de riesgo y, paradójicamente, este nivel de enseñanza soporta un estado de inercia y abandono de décadas".

"La cantidad de estudiantes y profesores taxi por establecimiento, provoca la violencia del anonimato y la dificultad para los encuentros sistemáticos y reflexivos. La fragmentación del trabajo de los profesores en varias escuelas genera obstáculos no sólo para conocer a sus estudiantes. Tampoco tienen oportunidad de trabajar con sus colegas y no se genera pertenencia a la institución", agregó.

Además, destacó que "la errática e insuficiente incorporación de recursos tecnológicos, cuando se produce, no prevé el mantenimiento de los equipos, los insumos, ni la capacitación permanente de los docentes. No contamos con trabajadores sociales en las escuelas medias". (Télam)