Un abogado que defiende a ex represores de la dictadura militar pidió a la Justicia federal la libertad de todos los detenidos en el marco de la "causa Esma", invocando para ello dos fallos de la Cámara de Casación que establecieron que los expedientes están prescriptos.

El abogado Gonzalo Torres de Tolosa, único civil cuya captura pidió el juez español Baltasar Garzón por su presunta participación en los denominados "vuelos de la muerte", insistió ante el juez federal Sergio Torres en la libertad de todos los detenidos.

El letrado advirtió que, en caso de que Torres denegara su reclamo, recurrirá ante el Estado Vaticano y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Torres de Tolosa anunció que intentará llegar hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya, "en representación de esos ciudadanos argentinos privados ilegítimamente de su libertad y sometidos a tormento por la justicia argentina, sin posibilidad de defensa, por ser víctimas de los delitos de genocidio y lesa humanidad".

El abogado formuló su presentación en su calidad de defensor del ex principal de la Policía Federal Roberto Oscar González.

Torres de Tolosa, sobre quien pesa un pedido de captura internacional emitido por Garzón -por el cual no puede salir del país sin ser detenido- fundamentó su reclamo en dos fallos confirmados por la Cámara de Casación, que reconocieron que las causas contra los ex represores están prescriptas.

En una de ellas, el ex juez y hoy camarista federal Gabriel Cavallo se declaró incompetente, remitió el expediente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que "declaró extinguida la acción respecto de la participación del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la lucha contra las bandas terroristas durante el período 1976/1983".

Ese fallo, según invocó Torres de Tolosa, fue confirmado por la Sala Cuarta de Casación el 23 de setiembre de 1998.

En el otro expediente, la jueza federal María Servini de Cubría también se declaró incompetente; la causa siguió el mismo recorrido, y la prescripción fue confirmada por la Sala Cuarta de Casación el 6 de agosto de 1999.

En ambas causas, lo que se analizaba era la autoimputación del ex represor confeso y capitán naval retirado Adolfo Scilingo, que luego se fue a España para confesar ante el juez Baltasar Garzón y después se desdijo, pero recientemente fue condenado en Madrid.

Sin embargo, posteriormente a los fallos mencionados por Torres de Tolosa, tanto en primera instancia como la Cámara Federal y hasta la Corte Suprema resolvieron que los secuestros y desapariciones perpetrados en la Esma son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.