La empresa Aguas Provinciales de Santa Fe comunicó ayer oficialmente al gobierno que no podrá vender sus acciones a otra firma privada, debido a la liquidación de las garantías por parte de la provincia.

La fórmula ideada oficialmente para no rescindir el contrato en el mismo acto en el que se liquidaron las garantías (las llamadas autogarantías) no parecen haber sido suficientes para el acuerdo entre los privados.

Por otra parte, es obvio que el valor de los 20 años que restan a la fallida concesión es diferente según estén o no esos montos de las garantías. Son unos 68,2 millones de pesos que, con una extraña pasividad, Aguas dejó que finalmente la provincia ejecute, pese a las postergaciones.

También la empresa dejó constancia de que se va de la concesión antes del 25 de noviembre. No es una fecha arbitraria, es lo que había advertido cuando presentó el recurso de rescisión contractual por culpa del concedente, porque no fueron aumentadas las tarifas, tras el fin del uno a uno y la devaluación.

Terminadas las chances de una venta de la mayoría accionaria de la empresa, la extinción del contrato se ve ahora como una salida inevitable para la crisis de las políticas sanitarias que diseñó Santa Fe en los '90, en el marco de las privatizaciones en la Argentina, durante la primera gestión de Carlos Reutemann.

La privatización tuvo como objetivo central producir inversiones en infraestructura por más de mil millones de dólares, y termina con un reclamo contra el país que por ahora es de más de 300 millones de dólares. Sobre estos casi diez años de actuación de la empresa, sólo uno fue aprobado por Ente Regulador.

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Es importante destacar que por nota separada, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos fue formalmente notificado de que debe indicar a Aguas -"sin dilaciones" dice el perentorio tono de la empresa-, cuál será el organismo estatal responsable de tomar en sus manos el servicio.

A lo largo de la crisis que termina con la concesión de los servicios sanitarios, Aguas Provinciales produjo tres comunicados de prensa: primero advirtió que requería una recomposición tarifaria, luego señaló que dejaría la concesión aduciendo culpas del concedente (el Estado) y manifestaba su predisposición a una salida ordenada; y ahora (tras admitir que fracasa de la operación de venta accionaria que podía salvar la concesión) dice simplemente que se va.

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¿Alguna vez estuvo Aguas Provinciales de Santa Fe dispuesta a resignar su juicio ante el Ciadi? La duda sólo cabe para unas pocas semanas de julio y agosto de 2005. Antes, cada una de las presentaciones por escrito de la empresa tuvieron la dirección de llegar ante el Ciadi cargados de argumentos contra la provincia. Y seguramente no pocos decretos de la época de las renegociaciones, en plena Convertibilidad, van serle útiles para aquel propósito.

Entre los cuantiosos reclamos que hoy enfrenta la Argentina, uno refiere al contrato de concesión santafesino, aunque la demanda de Aguas Provinciales -que se presenta ante el tribunal arbitral del Banco Mundial como natural de Francia- es directamente contra el país.

Por ahora, la acusación llega a los 310 millones de dólares, pero basta un simple cálculo para imaginar que el reclamo puede acercarse a los 350 millones de dólares si -como dice la nota que llegó anoche a la Casa Gris- la empresa carga los 68,2 millones de pesos de sus garantías (unos 22 millones de dólares), y proyecta como pérdidas (ante el órgano que financia sus operaciones a nivel mundial) la hipotética suma por la venta de sus acciones.

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Sólo en una oportunidad el poseedor de la empresa, la multinacional Suez, aceptó por escrito la posibilidad de resignar su reclamo ante este arbitraje: fue en la llamada acta de espera, que pospuso el último paso de la liquidación de las garantías, y requirió de una comunicación desde la sede del Ejecutivo directamente a París.

Según el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, cuando Aguas pidió (la semana pasada) una nueva prórroga el acta presentada "no fue idéntica" a la que antes se había convenido.

Entre otras diferencias, se cambiaban las firmas de quienes representaban a la empresa. Los considerandos señalaban a Santa Fe como responsable de la prórroga de plazos, y reflejaban puntos (como la convocatoria a una asamblea de accionistas) que parecían maniobras dilatorias respecto del tema Ciadi.

Otra pregunta que sigue sin respuestas es por qué Aguas no optó por renovar los depósitos de sus garantías (cumpliendo lo que dice el contrato) en lugar de arriesgarse a perderlos, como finalmente ocurrió.

Es cierto que ya Santa Fe había pesificado (en la gestión anterior) esos montos, y por lo tanto su valor era menor. Aún así, Aguas parece haber confiado en que nunca iba a producirse la ejecución, o esto ya estaba en sus cálculos.

Para el gobierno provincial sigue vigente el contrato de concesión, ahora respaldado por las garantías que tienen las cuentas del Enress de 68,2 millones de pesos.

El ministro Alberto Hammerly prefirió no hacer declaraciones que permitan adelantar qué ocurrirá el 25 de noviembre, fecha puesta por Suez para su retiro de Aguas Provinciales. Desplegó una serie de posibilidades para el caso de que efectivamente se vaya el prestador, pero dejando siempre en claro que, si ello ocurre, será responsabilidad de la concesionaria.

Su par de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín, aseguró que la provincia está preparada para una situación de este tipo. Dijo que, si Suez "decide retirarse incumpliendo el contrato de concesión, y si la provincia se tuviera que hacer cargo por un tiempo de la empresa, está en condiciones de hacerlo".

En síntesis, como cuando el ente presentó el recurso de rescisión unilateral aduciendo culpa del Estado (por no recomponer sus ingresos), éste no acepta este nuevo documento de la compañía.

El criterio es el mismo que reflejó el decreto que rechazó los términos de la acusación de la prestadora y que también dispuso liquidar las garantías (de manera preventiva) ante el vencimiento de plazos para su renovación.

Hammerly distribuyó a la prensa una cronología de las actuaciones de ambas partes, a fin de demostrar que fue la empresa la que no cumplió con sus compromisos en el marco de la posibilidad de la venta de acciones de Suez a Emgasud.

Incluso, el ministro considera que esa posibilidad sigue vigente, porque es el Estado el que ahora respalda el contrato con el "seguro de caución en efectivo".

Un escueto comunicado de prensa -distribuido anoche a la prensa- expone la posición de Aguas Provinciales de Santa Fe respecto de lo que ocurrirá con los servicios sanitarios.

Sostiene que ayer el directorio de la firma "fue notificado de la decisión del gobierno de la provincia de hacer efectiva la ejecución de las garantías del contrato".

Dice que "como es de conocimiento de la provincia, tal decisión hace imposible la operación proyectada de compra-venta de parte del paquete accionario de la empresa".

Agrega que "al no poder implementar una solución que dé continuidad al contrato, vuelven a cobrar vigencia los plazos contractuales para la terminación del mismo, que fueron notificados a la provincia el pasado 26 de mayo".

Y concluye: "la transferencia del servicio de Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. a la provincia deberá ocurrir a más tardar el 25 de noviembre de 2005".