La Afip tiene más poder para controlar la evasión

Con amplia mayoría, el Senado convirtió ayer en ley el denominado plan Antievasión II, un esquema diseñado por el gobierno que otorga amplias facultades a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para combatir la evasión previsional y contempla un mecanismo para alentar la regularización del personal doméstico.

La iniciativa que autoriza a la Afip a determinar "de oficio" la eventual existencia de deudas por aportes patronales cuando el contribuyente omita presentar su declaración jurada o, la presentada resulte impugnable, fue aprobada con el apoyo de 43 de los 45 senadores presentes y el voto contrario del socialista Rubén Giustiniani y el radical Norberto Massoni.

El proyecto, defendido en el recinto por el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, el justicialista Jorge Capitanich, contempla también penas de dos a seis años de prisión para aquellos empleadores que, por un monto superior a los diez mil pesos, no cumplan con los aportes previsionales de los trabajadores.

Además, la Afip podrá establecer la "presunción" de que la prestación personal para un tercero implica la existencia de un "contrato laboral" y, en consecuencia, la relación de dependencia.

En el capítulo destinado a incentivar el registro del personal doméstico -se trata de una de las actividades de mayor índice de informalidad en la Argentina-, la iniciativa faculta a los empleadores a deducir hasta 4.020 pesos anuales del Impuesto a las Ganancias en concepto de las contribuciones a trabajadores de ese sector.

"Esta ley apunta a profundizar controles para evitar que el trabajador, como ocurre en muchas oportunidades, quede atrapado en una situación de irregularidad", señaló a este diario el senador Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba).

Objetivos y disidencias

Reducir los índices de evasión y aumentar la recaudación fiscal son los dos objetivos clave del gobierno con la aprobación de la norma. Esos fueron los argumentos centrales de defensa de Capitanich quien reivindicó las metas de "aumentar la recaudación en seguridad social, combatir la evasión y lograr la formalización de trabajadores en negro".

Por la oposición, Giustiniani negó que la iniciativa proponga combatir a los "grandes evasores. Los grandes evasores no están perseguidos", dijo al fundamentar su voto contrario.

La votación en el Senado significó un triunfo del gobierno que contrastó con las primeras dificultades del poder central en la Cámara de Diputados para lograr la prórroga de impuestos que vencen a fin de año.

Sucede que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja emitió ayer dictámenes divididos sobre la prórroga de un conjunto de gravámenes, eje del esquema de fuerte superávit fiscal del gobierno. Se trata de los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, al cheque, el monotributo y gravámenes adicionales al precio de los cigarrillos y a los premios de concursos y sorteos.

Si bien el kirchnerismo avaló los proyectos del Ejecutivo, el radicalismo, el ARI y sectores del PJ que responden a Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, expresaron disidencias y coincidieron en la necesidad de aumentar los mínimos no imponibles de los impuestos a los bienes personales y a las ganancias.

Con ese cuadro de oposición en Diputados, el gobierno estará obligado a negociar la aprobación de la ley con las fuerzas de la oposición, en caso de que decida empujar la votación para antes del 10 de diciembre cuando asuman los legisladores electos el 23 de octubre pasado y cuente con una correlación de fuerzas más favorable.