Los pedidos de informes son una herramienta de uso habitual en el ámbito parlamentario, a través de los cuales los legisladores buscan procurarse los datos necesarios para esclarecer cuestiones de interés público y sujetas a su control. En otros casos, los datos como tales ya son conocidos y lo que se persigue son explicaciones concretas de los funcionarios involucrados en la cuestión, a la vez que se otorga trascendencia al tema. En algunos más, finalmente, lo que se intenta a través de ellos es poner en tela de juicio a una administración, "bombardeándola" de continuo con una sostenida descarga de críticas y cuestionamientos.

Por la primera razón es que el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de manera permanente y sistemática de la obligación de responderlos. Por la segunda, es que muchas veces los proyectos son bloqueados en el recinto, por un oficialismo reticente a que determinados asuntos se ventilen o se expongan tan abiertamente. Y por la última, se produce a veces una utilización abusiva del recurso, convirtiéndolo en una mera vía para la "chicana" partidista, y sin valoración alguna de la real trascendencia o pertinencia del planteo.

Las tres dimensiones expuestas pueden ser ilustradas a través de conceptos vertidos recientemente desde ambos poderes, o situaciones repetidas. Una legisladora de la oposición realizó un relevamiento de los pedidos de informes ignorados por el Poder Ejecutivo y el resultado fue que más de la mitad se hallaban en esa condición. A esto habría que agregar que muchos interrogantes ni siquiera llegan a destino, ya que la mayoría oficialista, en determinadas ocasiones, juega para imponer el rechazo en el recinto. Finalmente, la explicación de un funcionario del gobierno acerca de la falta de respuestas apuntó al carácter reiterativo o meramente recomendatorio de muchos de los pronunciamientos aprobados por las Cámaras.

En rigor, el pedido de informes no existe como tal en la legislación santafesina. Por ello, lo que tratan y eventualmente aprueban las cámaras son proyectos de comunicación, a través de los cuales se solicitan informes al Poder Ejecutivo. Pero, más allá de la cuestión técnico-legal, queda claro que corresponde a éste demostrar la debida disposición para receptarlos. Máxime cuando la Legislatura santafesina tampoco explota apropiadamente otro recurso de control, la interpelación a funcionarios, hoy reemplazada por meras reuniones "informativas", que suelen desarrollarse en la presidencia de alguno de los dos cuerpos y no públicamente frente a todos los legisladores.

Más allá de eso, lo más saludable institucionalmente es que el gobernador y sus funcionarios respondan a las inquietudes de los legisladores; que las mismas tengan el curso apropiado a través de la dinámica del recinto y que no se haga de ellas una simple excusa para ganar protagonismo o buscar generar efecto a través de la mera acumulación. La simple observancia de estas tres premisas significaría una mejora sustancial en el cumplimiento de las funciones republicanas de los dos poderes involucrados.