Una chica de 13 años con problemas mentales, una violación y un embarazo no deseado, reabrieron la siempre latente discusión acerca del aborto en la Argentina. El hecho ocurrió en Rosario, y la madre de la menor reclama que en algún hospital público se le practique a su hija la intervención que interrumpa el embarazo.

Sin embargo, los médicos se niegan a realizar la operación si no existe el visto bueno algún juez. Pero frente a esta postura se plantea un inconveniente: la autorización podría demorar demasiado, de manera que existe la firme probabilidad de que la resolución judicial llegue demasiado tarde y ya no sea posible interrumpir el embarazo sin poner en riesgo la vida de la menor.

Según el artículo 86 -inciso segundo- del Código Penal "el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto".

En la situación planteada en Rosario el representante legal de la niña es la madre, quien está abiertamente a favor del aborto y reclama que se lo realicen en forma gratuita en un hospital.

Pero los médicos temen avanzar en este sentido, frente a la posibilidad de encontrarse luego ante una denuncia penal.

"Nunca tuvimos un caso semejante, pero nosotros pedimos siempre autorización judicial", reconoció Andrés Ellena, director del Hospital Iturraspe, donde funciona la sala de Maternidad más importante de la región.

El profesional remarcó que "más allá de lo que diga el Código Penal, siempre existe la posibilidad de que alguien apele a la Justicia y que el médico que realizó la intervención se encuentre en graves inconvenientes, sobre todo si se trata de una menor"

De todos modos, Ellena aceptó que la respuesta judicial puede llegar demasiado tarde: "A modo de ejemplo, nos encontramos ante la posibilidad de que en el momento de que la Justicia resuelve, al nene ya lo estén bautizando".

La postura de la jueza de Menores, Ana María Elvira, parece avalar los recaudos que toman los médicos del hospital Iturraspe cada vez que se plantea una situación relacionada con un posible aborto.

Al ser consultada por El Litoral, la magistrada se mostró decididamente en contra de este tipo de intervenciones, a pesar de lo que plantea el Código Penal: "Siempre debe existir autorización judicial, porque está en juego la vida de otra persona, que es el bebé. El Código Civil dice que se es persona humana desde el instante mismo de la concepción, y por eso debemos protegerla desde el momento en que se unen el espermatozoide y el óvulo".

"Es correcto que los médicos consulten a la Justicia, porque existen numerosos fallos en los que se condena a profesionales por homicidio", insistió.

Pero, incluso, al hablar específicamente del caso planteado en Rosario, Elvira advirtió que "el artículo 145 del Código Civil impide que se emita una declaración de demencia para alguien que tiene menos de 14 años". Según su interpretación de la norma, si no se puede acreditar judicialmente el estado de demencia, no se puede aplicar el inciso segundo del artículo 86 del Código Penal (ver nota aparte) y, por lo tanto, no se puede proceder al aborto sin autorización específica de un juez.

Al igual que Ellena, la magistrada reconoció que esta autorización judicial lleva su tiempo: "No se puede pretender que un juez resuelva rápidamente, pues se deben recabar las pruebas suficientes como para que la resolución esté debidamente fundada".