Las sentencias judiciales a favor de jubilados que reclaman por la movilidad de sus haberes "pone a descubierto una deuda que permanecía oculta para la contabilidad del Estado y sugiere que la fragilidad fiscal sigue siendo un problema serio", según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, Idesa.

"Seguir posponiendo la reforma del sistema previsional implica beneficios para los gestores de los juicios y pérdidas para un millón y medio de jubilados a quienes no se les respetan sus derechos", destaca el documento.

"La política previsional del gobierno se basó en no introducir cambios en la organización del sistema y aplicar ajustes nominales diferentes según el monto del haber. Se mantuvo congelado los haberes superiores a $1.000, se concedió a fines del 2004 un aumento del 10% para el resto y se aplicaron fuertes incrementos sobre el haber mínimo", agregó.

Según describe Idesa, otras variables tuvieron dinámicas muy diferentes. Los precios al consumidor crecieron luego de la devaluación un 72%, los salarios en el sector formal (según el índice elaborado por la Secretaría de Seguridad Social) crecieron en el mismo período un 46% y los ingresos de la Anses, impulsados por los ingresos tributarios, aumentaron por encima del índice de precios al consumidor.

"La Constitución es muy clara al determinar que los haberes previsionales deben ser móviles y delega expresamente al Congreso la obligación de establecer el mecanismo para instrumentar esta disposición. La norma vigente en la materia es la Ley de Solidaridad Previsional (LSP) que establece que los ajuste los tiene que fijar cada año la ley de presupuesto en función del los recursos disponibles en la Anses".

Señala Idesa que "este criterio, diferente al tradicional de establecer incrementos en función de los salarios, es consistente con el cambio en la estructura de financiamiento del sistema previsional. Mientras que en el pasado la mayor parte de los ingresos provenían de imposiciones sobre la nómina salarial, en la actualidad este tipo de recursos representa apenas la mitad de los ingresos totales", aseguró.

"Sin embargo -advierte- desde la crisis del 2002 ni el Ejecutivo, encargado de elaborar el proyecto de presupuesto, ni el Legislativo, encargado de sancionarlo, han respetado esta disposición. Por una vía irregular se han establecido aumentos que sólo para el haber mínimo o valores próximos a este monto, responden al espíritu que inspira la Constitución", destaca.

Explica que "para el resto, que representan aproximadamente la mitad de los beneficiarios, la falta de aplicación de la movilidad tiene asociado perjuicios económicos de magnitudes importantes".

Tras recordar que el Poder Judicial está convalidando la actualización de haberes en función del índice salarial y del precepto constitucional, Idesa sostiene que "el accionar de la justicia pone a descubierto que la situación fiscal es sólida en los papeles pero precaria en la realidad".

"La licuación de jubilaciones como mecanismo de ajuste fiscal -concluye- es insostenible e injusta. Para el Estado implica posponer gastos que la contabilidad pública no registra pero que existen. Para los jubilados implica que sólo quienes tienen la iniciativa y recursos para hacer un juicio logran -luego de pasar mucho tiempo- que se les reconozcan al menos parte de sus derechos. Para los intermediarios del litigio se generan negocios millonarios".

La deuda

acumulada con los jubilados desde la crisis del 2002 hasta la actualidad llegaría -aplicando la cláusula de ajuste vía salarios- a los $ 9.000 millones. Si se usaran los incrementos de recursos de la Anses -metodología sugerida en la Ley de Solidaridad Previsional- sería un 40% mayor. Según Idesa, `si los legisladores, en lugar de mantener congeladas las jubilaciones hubiesen cumplido con su obligación de contemplar la movilidad, en el presupuesto 2006 desaparecería el superávit".