El conflicto planteado entre la provincia de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay por la instalación de dos papeleras en la localidad de Fray Bentos está más cerca del escándalo y la provocación que de un debate racional entre gobiernos de diferentes países. Lo que se inició como una discusión acerca de la oportunidad de radicar un emprendimiento, está derivando en un conflicto que los diarios uruguayos califican como grave.

En recientes declaraciones, el ex presidente Julio María Sanguinetti, ha advertido sobre el peligro que representa para las relaciones entre naciones del Mercosur la decisión por parte de algunas organizaciones ecologistas de cortar el tránsito que conecta a ambos países. En los mismos términos se expresan funcionarios del gobierno del Frente Amplio presidido por Tabaré Vázquez.

Corresponde, por lo tanto, que el gobierno nacional ponga límites a las manifestaciones que afectan la libre circulación entre ambos países y que pueden provocar consecuencias económicas y sociales imprevisibles en ambas bandas del río Uruguay. Esta es la norma civilizada que rige las relaciones entre Estados y, muy en particular, entre Estados vecinos cuyos gobiernos mantienen en principio una relación no sólo correcta y amistosa, sino de identificación estratégica en orden a políticas de alcance regional.

Lo básico, entonces, es crear las condiciones para un diálogo productivo que permita indagar con seriedad si las papeleras representan o no un peligro cierto para el medio ambiente y la salud de los habitantes de esa región.

Se impone, además, que el interlocutor de Uruguay sea el gobierno nacional, porque la cuestión escapa a un gobierno entrerriano que en este tema ha demostrado manejar con torpezas y declaraciones por lo menos imprudentes, relaciones diplomáticas que deben manejarse con prudencia y normas del derecho internacional.

La práctica de los cortes de ruta es un abusado producto subcultural de los argentinos que, en este caso, se pretende exportar al país vecino. Las autoridades uruguayas no tienen por qué entender que en nuestro país cualquier protesta, incluso la más minúscula, protagonizada por el sector más irrepresentativo, se exterioriza a través de cortes de rutas o piquetes callejeros.

En la Argentina, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que cualquier grupo o persona, en nombre de una causa que supone justa, vulnere los derechos de los demás ante la indiferencia y la pasividad de los gobiernos y los poderes judiciales nacionales o provinciales. En estos días, sin ir más lejos, los piqueteros en Gran Buenos Aires hicieron un corte de ruta en homenaje a la memoria de Kosteki y Santillán, dos piqueteros asesinados por fuerzas del orden cuyos responsables ya fueron juzgados y condenados.

Ahora, a estas singulares medidas de lucha las sufren el Uruguay y sus autoridades, que han hecho conocer su protesta porque no entienden cómo el conflicto suscitado en Fray Bentos puede perjudicar a toda la industria del turismo y al libre tránsito entre países limítrofes y socios en el Mercosur.