Al cabo de dos años de una relación de constante tensión, han terminado de desvincularse el Estado santafesino y la empresa prestadora de los servicios sanitarios, Aguas Provinciales de Santa Fe (ahora, en proceso de liquidación). Las profundas diferencias, que no se saldaron en esta fallida negociación, van a derivar en juicios.

Queda por delante una demanda contra el Estado nacional por parte de la prestadora ante un órgano arbitral -el Ciadi- que depende del Banco Mundial, y es probable que otro tanto concrete el gobierno santafesino para resguardar sus intereses en el ámbito que determinaba el propio contrato de concesión, el de los tribunales locales, que invariablemente ha evitado pisar la empresa controlada por el grupo Suez.

Lo que ocurra con ese panorama de eventuales juicios cruzados es un misterio. También, si fue conveniente la decisión de la provincia de involucrarse en el reclamo que la compañía formula contra el Estado nacional, al crear una comisión especial dedicada al tema y exponer la posición santafesina en ese tribunal. En rigor, no fue Santa Fe la que cambió las reglas económicas del país al producirse la devaluación.

La concesión iniciada en 1995 fue diseñada para 30 años y concluye al cabo de algo más de diez. En términos generales puede decirse que queda un servicio en mejores condiciones de operación que durante la etapa estatal de la ex Dipos, aunque lejos de haber alcanzado los objetivos contractuales.

Mucho peor es el panorama para los llamados usuarios potenciales. Son quienes esperaban tener los servicios sanitarios desde hace bastante más que esta década, perdida en la experiencia de gestión privada.

Es cierto que hubo extensión de los servicios, pero no se cumplió, al menos, con la cobertura de lo elemental: agua potable para todos. Respecto de la cañería colectora, las cloacas, el resultado de la concesión es todavía más decepcionante.

Las inversiones fueron el objeto principal de la operación en la que se convocó a prestadores de nivel internacional. En plena convertibilidad, Aguas Provinciales recurrió al endeudamiento externo en lugar de realizar aportes de capital por parte del grupo inversor, y el resultado fue una multiplicación por tres de su pasivo.

Con renegociaciones que ocuparon más de dos tercios de la década, suspensión de obligaciones, pesificación de garantías a cambio de nada, aumentos tarifarios para realizar obras que no fueron ejecutadas y otras medidas, Santa Fe procuró en el gobierno anterior que no se cayera la concesión y, en el último año del actual, que se vendieran las acciones de la empresa a otro privado. En defensa del interés del Estado hubo una exigencia francamente mínima: que al menos cesara el reclamo internacional y no se presentaran nuevas demandas.

El decreto de rescisión contractual -sin dudas, uno de los actos de gobierno más importantes de la actual gestión- cierra lo que ya había hecho la empresa, que -sin chances de venta- optó por su liquidación, una autodisolución, producto de su estado económico.