El gobierno nacional está estudiando el diseño de un sistema impositivo "mas progresivo", según lo anticipó la ministra de Economía, Felisa Miceli, a los banqueros reunidos en Adeba. La reforma, sin embargo, no está relacionada con los cambios inminentes al impuesto a las Ganancias.

Una comisión técnica estaría estudiando los cambios en la más estricta reserva, en la órbita del secretario de Hacienda, Carlos Mosse, y bajo atenta observación del presidente Néstor Kirchner.

El mandatario busca reducir las cargas fiscales sobre los sectores de menores ingresos y apuntar con más carga hacia los activos de los argentinos que más tienen, sin olvidar los bienes en el exterior, un tema siempre polémico por su dificultad operativa.

El nuevo esquema podría avanzar sobre el IVA y también involucraría el polémico y distorsivo impuesto al cheque. Por la escasa información que se ha dejado trascender oficialmente, nada se dice del impacto que podría tener el cambio en los sistemas de coparticipación federal.

Con presupuestos subvaluados y con el recurso de los decretos de necesidad y urgencia más las facultades delegadas, el Ejecutivo en manos de Néstor Kirchner ha obtenido singular discrecionalidad sobre los fondos públicos, engrosados por una devaluación que mejoró las cuentas públicas hasta niveles insospechados.

La eventual reforma fiscal deberá pasar por el Congreso, donde Kirchner cuenta con un alineamiento tal que le permite mayorías en ambas Cámaras, más allá de las resistencias eventuales del debilitado núcleo duhaldista dentro de las filas del oficialismo.

La Argentina recauda más por vía del Impuesto al Valor Agregado, que grava el consumo y aportó casi 37 mil millones de pesos en 2005, que por vía del Impuesto a las Ganancias, que grava las rentas y aportó 28 mil millones de pesos el pasado año.

Pero si el problema de la regresividad fiscal es un tema de larga data en un país donde los pobres pagan altos impuestos por pan o leche, no menos compleja es la cuestión de los impuestos distorsivos (transferencias financieras, retenciones), que generan recurrentes reclamos productivos frente a un gobierno que está parado sobre su presente solidez recaudatoria.

Por otra parte, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) revela que sólo el 6 % de los asalariados de mayores recursos se beneficiaría con un incremento del mínimo no imponible para sueldos que pagan el Impuesto a las Ganancias.

Sobre la base de datos del Indec, el informe señala que el 51 % de los asalariados está registrado, tiene un salario promedio de $ 780 y no será beneficiado por la medida. Sin embargo, la suma de cargas sociales más Impuesto a las Ganancias para ellos representa alrededor del 31 % del costo laboral total.

Añade Idesa que el 43 % restante de los asalariados totales son trabajadores "en negro", con un salario de bolsillo promedio de $ 450, que no paga cargas sociales, ni impuesto a las ganancias.

"Los datos indican que la enorme cuña que existe entre el salario de bolsillo que recibe el trabajador y el costo que paga el empleador no se presenta sólo en los altos salarios, sino que es un problema de todos los trabajadores. Esto es consecuencia de que, a diferencia de lo que ocurre con el Impuesto a las Ganancias, las cargas sociales afectan a todos los trabajadores, inclusive a quienes reciben remuneraciones inferiores a la línea de pobreza. En el extremo, una gran cantidad de trabajadores de bajos salarios ve lejana la posibilidad de poder pagar los costos laborales que implica cumplir con la legislación, siendo éste uno de los principales motivos que los induce a operar en la informalidad".

Otro enfoque

Datos de otros países son consistentes con la idea de que el problema en Argentina no es el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, sino el diseño incorrecto que tienen las cargas sociales. Por ejemplo, en Chile -sostiene Idesa- el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias está fijado en alrededor de U$S 800 mensuales, es decir, un monto no muy diferente al que se cuestiona en la Argentina. Pero en el vecino país las cargas sociales son mucho más bajas, tanto porque las alícuotas son más reducidas como porque se aplican un tope de remuneración sujeta a aporte relativamente bajo. Adicionalmente, el impuesto a las ganancias comienza a operar en los primeros tramos de ingresos con una alícuota inicial del 5% y no del 9% como en la Argentina.