Los grupos pro-inmigrantes llevaron a la calle en Washington su primera gran protesta por las leyes que tramita el Congreso de EE.UU., que están dispuestos a combatir incluso con la desobediencia civil.

Los manifestantes, convocados por la Coalición Nacional sobre Inmigración, exigen del Congreso una reforma migratoria integral y que se deje de tratar a los inmigrantes como "criminales".

Su voz pro-inmigrante resonó en Washington con una fuerza que, en opinión de los observadores, no se registraba desde hacía por lo menos 25 años.

"No lo vamos a permitir", aseguraba un hombre que, entrado ya en los 60 años, lucía orgulloso una camiseta en la que se leía "No somos el enemigo de EE.UU., somos parte de la solución". Formaba parte del grupo "Border Network for Human Rights", que se ha desplazado desde Texas y Nuevo México.

La protesta, en la que participan familias completas con niños incluidos, se produce en momentos en que el Senado de EE.UU. debate diversas propuestas para incrementar la vigilancia en la frontera con México.

Entre los manifestantes hay desde sindicalistas hasta médicos, enfermeras, maestros, trabajadores sociales que, codo a codo con los indocumentados, denuncian en particular el proyecto de ley del legislador republicano James Sensenbrenner, que convierte en criminales a los inmigrantes indocumentados.

Sensenbrener pretende, asimismo, sancionar a todo individuo o grupo que les ofrezca ayuda en este país.

La medida, que también autoriza la construcción de un muro en la frontera sur, fue aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre, pero aún tiene que ser refrendada por el Senado, donde existe un mayor apoyo a un programa de "trabajadores huésped".

Para los manifestantes, ese proyecto de ley, de ser ratificado, "pondrá grilletes a todos los que prestamos servicios comunitarios", dijo Sharon Baskerville, de la Asociación de Cuidados Preventivos.

Leonel Flores, un médico que dirige una clínica en el Estado de Maryland, aseguró que, si el Congreso aprueba esta ley, "me convertiría en criminal tan sólo por cumplir con mi obligación como médico".

La Iglesia católica, los sindicatos y grupos empresariales han sumado fuerzas en contra de la medida Sensenbrenner, considerada como una de las más punitivas en el Congreso en casi 70 años, y ya dos cardenales, el de Los Angeles y el de Washington, Roger Mahoney y Theodore McCarrick, respectivamente, han expresado su decisión de resistirse a la ley.

La protesta coincide con una intensa campaña de presión que representantes de esos grupos realizan esta semana en el Senado, convencidos de que ni los muros ni medidas anti-inmigrantes son una respuesta viable al problema de la inmigración ilegal en EE.UU.

Se calcula que en ese país hay alrededor de once millones de inmigrantes clandestinos. Qué hacer con ellos es objeto de un fuerte debate entre conservadores y liberales.

"Ninguna de las más de 40 propuestas migratorias presentadas ante el Congreso cumple los anhelos de la comunidad de inmigrantes", declaró a EFE Jennifer Allen, directora del grupo "Acción Fronteriza".

Sin embargo, Allen dijo que el proyecto que promueven los senadores Edward Kennedy y John McCain, demócrata y republicano, respectivamente, son un "buen punto de partida" porque toma en cuenta las contribuciones de los inmigrantes a la economía nacional.

Por otra parte, la propuesta del senador republicano Arlen Specter incorpora elementos punitivos y de legalización temporal de millones de inmigrantes clandestinos, pero, a juzgar por las críticas, no satisface a nadie en ambos lados del debate migratorio.

El Comité Judicial del Senado continuará el análisis de la medida de Specter este jueves y el próximo, con el objetivo de que el Senado la lleve a votación el 27 de marzo.