El encuentro que, por primera vez en la historia institucional argentina, reunió a 500 jueces de todo el país y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyó un hecho cuya trascendencia queda de manifiesto en su mera formulación.

Si bien el temario estaba organizado en base a una serie de cuestiones que forman parte de la agenda permanente del Poder Judicial y que atañen a los principios esenciales para su funcionamiento -independencia, relación con los medios, capacitación-, la reunión estuvo alentada por dos propósitos que los engloban: la relación con la sociedad y la necesidad de "organizar" a la Justicia como poder.

Ambos puntos responden a realidades inocultables y patentes. La imagen pública del Poder Judicial sigue estando muy por debajo de lo esperable, y no han bastado para revertirla medidas de trascendencia, como la renovación de la Suprema Corte, con el desplazamiento de figuras asociadas de manera emblemática a la corrupción política y su reemplazo por juristas de prestigio y desprovistos de filiaciones partidistas ostensibles.

Lo cierto es que, aunque se pretenda "licuar" este problema invocando la desconfianza general hacia las instituciones, la tarea de los jueces sigue rodeada por un aura de privilegio que los separa del grueso de la comunidad. Aun en los casos en que se aventen sospechas de manejos turbios, subsiste la impresión de que su accionar está alejado del interés común y suele centrarse en la protección de los poderosos y el sostenimiento de ventajas corporativas.

Contrarrestar esta fuerte corriente en contra, reivindicando a la vez los factores que funcionan como garantías de su imprescindible independencia, es una tarea que los magistrados aseguran estar dispuestos a llevar a cabo, pero que naturalmente tiene que desbordar la retórica y corresponderse estrictamente con los hechos.

Por el mismo camino debe abordarse la cuestión del funcionamiento de la Justicia como uno de los tres poderes del Estado, condición que suele quedar diluida frente al fuerte presidencialismo del sistema argentino y a la estridencia, aunque no siempre operatividad, de los debates parlamentarios. La recuperación de ese carácter, que lo pone por encima de una mera instancia de control institucional, es un requisito indispensable para el sustento del trípode republicano. Y debe actuar como un necesario contrapeso de los otros dos poderes, siempre que no lo haga para tener capacidad de presión en la defensa de intereses personales o faccionales, sino como una garantía para los ciudadanos y la defensa del sistema.

Aunque los discursos no hayan sido tan categóricos como cabía esperar y las decisiones concretas anunciadas corran el riesgo de agotarse en lo meramente formal, este encuentro de por sí constituyó un hito. Queda en manos de los jueces -y no tanto en las de la sociedad, a la que dirigieron más apelaciones que respuestas- convertirlo en un punto de partida fructífero y trascendente.