En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires existen muchas posibilidades de transporte público, pero hay tres alternativas masivas: el tren, el subte y el colectivo que, en forma más o menos eficiente y con boletos que promedian los 80 centavos, llevan a diario a millones de pasajeros.

Es razonable comprender que las autoridades nacionales concentren esfuerzos por sostener un sistema acorde con la demanda. Sin embargo, es injusto que los habitantes de la zona más rica del país cuenten con una política de subsidios que no llega a otros argentinos.

Aun pagando boletos más caros, santafesinos y rosarinos padecen por estas horas los paros en los únicos servicios de transporte que poseen ambas ciudades y sus poblaciones aledañas. Los colectivos no funcionan, los trabajadores reclaman actualizaciones salariales y los dirigentes políticos temen los efectos sociales de un boleto que cueste $ 1,15, es decir, un 44 % más de lo que hoy abonan los usuarios del servicio en Capital Federal.

La diferencia se vuelve irritante si se tiene en cuenta que ambos sistemas de tarifas están sostenidos por un diseño político de subsidios que se maneja desde el Ministerio de Planificación Federal. La opositora Rosario ha reclamado sin suerte a las puertas del secretario de Transporte de la Nación; la oficialista Santa Fe ni siquiera se dignó a plantear más subsidios y quedó atrapada entre los reclamos de los choferes, el pedido del intendente para aumentar el boleto y la negativa del Concejo Municipal a autorizarlo.

La única salida, �es que los santafesinos paguen más? Los dirigentes políticos, justicialistas o no, deberían advertir que cada día que pasa es en la Casa Rosada donde se decide qué cuadra de qué ciudad será asfaltada, cuál ruta se convierte en autopista, quién tiene tren y quién no, cuánto cuesta el boleto en cada rincón del país. Y eso no debería suceder en un país federal.