Las leyes nacionales con las que se hicieron las privatizaciones del sector eléctrico en los '90 obligan hoy a las empresas distribuidoras (como EPE y Enersa) a hacer inversiones sobre parte de la infraestructura que requiere el sistema interconectado nacional.

La división en sectores -generación, transporte y distribución- que se hizo en el país sobre la desaparecida Agua y Energía de la Nación reservó a una concesión privada la explotación de -prácticamente toda- la segunda de estas actividades.

Al privatizarse el mantenimiento de las gigantescas torres y sus interminables cables, no se obligó al concesionario a cubrir las inversiones para actualizar la infraestructura en uso para transportar energía.

Esa obligación fue transferida a quien es responsable de haber aumentado su demanda, es decir, las empresas distribuidoras, públicas o privadas.

Son los usuarios, en definitiva, los culpables de crecer en sus necesidades energéticas (hoy equivalentes al sostenido aumento del PBI), los que pagan las obras con el producto de sus facturas.