El tema viene de larga data. En 1998 el Concejo Municipal llamó la atención sobre la contaminación en el borde oeste de la Setúbal y, tres años después, un juez fijó mediante sentencia un plazo de 10 días al municipio para que investigue la proveniencia de esas aguas.

Entre apelaciones, nuevos dictámines de los órganos superiores de la justicia provincial -Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial- y la insistencia del deliberativo local sobre el tema, siempre primó la idea de que existen conexiones domiciliarias clandestinas a los desagües pluviales ubicados en el centro- norte de la ciudad que desembocan en la Setúbal.

En castizo: algunas personas que no tienen cloacas y viven al Este de Aristóbulo del Valle y al Norte de Salvador del Carril, improvisaron una vía de descarga desde sus inodoros a los desagües pluviales; haciendo desembocar sus excrementos en la Setúbal.

La pregunta que surge es por qué si un juez y una cámara indicaron al municipio que detecte estas conexiones ilegales, no lo hizo. El que lo explicó fue Ruíz: para implementar el método denominado "telecámara" se necesita un presupuesto con el que el municipio no cuenta. El otro, que consiste en hacer desembocar colorante en el inodoro de la casa sospechada, es improbable si no cuentan con el dato de las familias que no tienen conexión cloacal en la zona, que fue solicitada en su momento a Aguas Provinciales pero nunca la recibieron.

Ruíz aclaró que los métodos que estuvieron al alcance de la Municipalidad, sobre la superficie o ingresando al caño cuando su ancho lo permite (desde Aristóbulo del Valle al este los desagües se achican a 40 centímetros), se hicieron: "Se han mandado actas y elevado al tribunal de faltas lo que se ha detectado. Hubo 100 actas en los últimos tres años de arrojo de aguas servidas a la vía pública".