Como reza la Constitución, el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, una atribución que merece ser reconocida en toda su dimensión, como una afirmación del Estado de derecho en una sociedad en donde históricamente esta facultad estuvo recortada y como una responsabilidad que se debe asumir con todas sus consecuencias, es decir con sus derechos y sus obligaciones.

Valgan estas consideraciones para contextualizar las palabras del presidente en el discurso pronunciado en el Día del Ejército en el Colegio Militar. Sus afirmaciones acerca de que no les tiene miedo sonaron más a una bravuconada dirigida a un interlocutor abstracto que a las palabras medidas y serenas de un mandatario.

No se conocen ni se tienen antecedentes de que un presidente de la Nación se haya dirigido con estos términos a las fuerzas armadas, sobre todo cuando esta institución desde hace años está subordinada al poder civil. El lenguaje supuestamente directo, pero con imprecisiones y ambigüedades que termina por involucrar a todas las fuerzas armadas en una indemostrable actitud de subversión contra el poder civil, no puede ni debe ser el recurso de un presidente de la Nación.

El argumento de la participación de un número insignificante de oficiales reivindicando el terrorismo de Estado el pasado 24 de mayo, no es justificativo para poner bajo la sombra de la sospecha a toda la institución. Un presidente que habla en estos términos sólo podría justificar sus dichos ante el caso evidente de una conspiración militar o un golpe de Estado. Ninguna de estas alternativas está presente hoy en la Argentina y el presidente de la Nación es el primero en saberlo y, tal vez porque lo sabe, es que actúa de esa manera y se permite esas licencias.

Es verdad que en las últimas semanas existieron algunas manifestaciones de malestar entre los militares. El carácter minoritario de estas expresiones y su lenguaje extremista no justifica ciertas actitudes provocativas hacia el conjunto de la fuerza.

Lo que molesta no sólo a las fuerzas armadas, sino a un sector importante de la sociedad, es que la justa crítica al terrorismo de Estado no se extiende a las organizaciones terroristas de ultraizquierda o a los responsables del terrorismo de Estado durante el gobierno de Isabel Martínez o, como en el caso de prólogo al informe de la Conadep, los textos son corregidos para silenciar o distorsionar las críticas que en su momento se hizo a la violencia protagonizada por Montoneros y ERP.

Si a ello le sumamos los rumores acerca del cierre de los liceos militares, ahora desmentidos, es entendible -tal vez no justificable- que los militares se sientan tratados injustamente. Habría que recordar, al respecto, que las fuerzas armadas han sido una de las pocas instituciones que hicieron una severa autocrítica sobre su actuación durante los años de plomo. Desde los más altos mandos se cuestionó la doctrina de la seguridad nacional, los cursos en Panamá y el terrorismo de Estado.

Suponer o insinuar que hoy los militares son un problema para la democracia es un despropósito. Más atinado desde el punto de vista de ciertas concepciones de hacer política, es sospechar que desde el oficialismo se supone que criticando a las fuerzas armadas se gana la simpatía de ciertas franjas del electorado, una estrategia que, además de oportunista, sería peligrosa para las propias instituciones.