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Según el máximo tribunal, Santa Fe no debe adherir a la ley que permite provincializar la persecución de delitos menores, como la comercialización de estupefacientes. Para Gutiérrez, la Nación debería reforzar las estructuras de la justicia federal.
Las nuevas denuncias de la jueza federal rosarina Laura Cosidoy sobre la venta de droga en bares de esa ciudad, desataron otra vez la polémica. La discusión es tan recurrente como los argumentos que se ensayan de uno y otro lado. La magistrada denuncia inacción de la institución policial y distracción del gobierno de la provincia; la policía dice que los jueces federales no libran las órdenes de allanamiento necesarias; la provincia, que no tiene competencia para intervenir. Entonces le contestan que podría adherir a la ley nacional (la 26.052 que ya votó Buenos Aires) que permite provincializar la persecución de delitos menores, como la venta de estupefacientes.
El Ministerio de Gobierno recoge el guante y vuelve la vista sobre un proyecto de ley provincial que permita dicha adhesión, pero de inmediato, otra advertencia: la Corte de Santa Fe ya se expidió sobre el tema el año pasado y dejó sentado por escrito que sería "inconveniente" dicha sanción.
Todos admiten la gravedad y preocupación que genera el tema, pero la pelota sigue picando en diferentes áreas.
"Las Cortes integrantes de la Región Centro reunidas en Córdoba en agosto de 2005, resolvieron expresar la inconveniencia de adherir a la ley nacional que deriva a las provincias la persecución de delitos menores en materia de estupefacientes", dijo el titular del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez. La postura fue ratificada por la Corte de Santa Fe por acuerdo del 10 de agosto de ese mismo año.
Antecedentes legislativos
La primera vez que se dictó una ley nacional especialmente para regular sobre estupefacientes fue en 1974 y la registraron bajo el Nro. 20.771. Previamente, el uso, abuso, suministro, venta e introducción de este tipo de sustancias era tomado por diferentes normas. La ley 20.771 sistematizó la política estatal referida al tema, por lo que la lucha contra este tipo de delitos quedó centralizada en los organismos nacionales, y la competencia para juzgar estas conductas recayó en la Justicia Federal. Una ley posterior -la 23.737 de 1989- incluyó institutos de tratamiento alternativos para los adictos, pero respetó el criterio de la competencia.
En julio del año pasado, el Congreso aprobó una nueva ley -la Nro. 26.052- que introdujo como novedad la posibilidad de que se traslade la competencia federal en la investigación y juzgamiento de ciertos delitos (por ejemplo, los vinculados al consumo), a las provincias o jurisdicciones ordinarias, en la medida en que la provincia adhiriera a la norma nacional. Hasta el momento, la única que lo hizo fue la provincia de Buenos Aires.
Fue la
jueza federal rosarina Laura Cosidoy quien, en declaraciones públicas, despertó el interés de varios sectores sobre tráfico y consumo de drogas en la provincia. Cosidoy dijo que en la provincia "existe un alto nivel de tráfico de drogas que no se condice con la gente que llega a ser juzgada, ni en cantidad ni en calidad. En mi opinión, tiene que haber complicidad policial, tienen que haber arreglos, protecciones. No hay otra explicación", denunció la magistrada.
Ivana Fux
