Al menos cinco personas murieron en una nueva jornada de ataques contra comisarías de policía, colectivos y locales comerciales en San Pablo, el Estado más rico y poblado de Brasil.
AFP-EFE
Una serie de 39 ataques contra objetivos civiles y policiales, supuestamente ordenada por el crimen organizado, dejó hoy cinco muertos y sembró el terror en San Pablo a dos meses de una ofensiva delictiva que había dejado 170 muertos, informó la TV brasileña.
La Red Record mostró los locales de los ataques: supermercados, concesionarias de automóviles, bancos, cajeros automáticos, bases policiales y domicilios particulares.
De momento las autoridades no han brindado información.
Cinco personas, entre policías, guardias carcelarios y familiares fueron asesinados en sus domicilios o en lugares cercanos, según las redes de televisión.
Entre los muertos figuran un policía militar y su hermana, baleados poco después de la medianoche en la puerta de su casa. También cayeron dos guardias carcelarios y un vigilante de una empresa particular.
En varios de los sitios atacados -a balazos, con bombas caseras y "cocteles molotov"- aparecieron papeles manuscritos, también mostrados por la televisión, donde se justificaba la ofensiva "contra la opresión carcelaria".
Al menos 11 ómnibus fueron incendiados en los ataques registrados en diferentes puntos de la Gran San Pablo.
La actividad en la ciudad, sin embargo, transcurría con total normalidad, sin interrupciones en los servicios del transporte público.
"Cobardemente asesinados"
El Sindicato dos Funcionarios del Sistema Carcelario del Estado de San Pablo contabilizó que en las últimas dos semanas fueron "cobardemente asesinados" 14 guardias, la mayoría cerca de sus domicilios. Los crímenes son atribuidos a organizaciones que actúan en los penales, presuntamente el Primer Comando de la Capital (PCC).
El PCC fue responsabilizado por las autoridades de la ola de violencia que aterrorizó al Estado de San Pablo del 12 al 19 de mayo, con ataques contra objetivos policiales y cerca de 100 rebeliones carcelarias, que finalizaron con un saldo de al menos 170 muertos.
Organizaciones de familiares de presos y la Defensoría Pública de San Pablo pidieron recientemente el traslado a otros penales de 1.443 presos de la cárcel de Araraquara "confinados en una área de 600 m2 a cielo abierto (...) en escandalosa violación de sus derechos fundamentales".
Los presos quedaron hacinados en esa área tras haber provocado destrozos en el resto de la cárcel, según las autoridades.
Gerardo Carvalho, Defensor Público Coordinador de la Asistencia Judicial al Preso, alegó que en la cárcel de Araquara, 273 km al norte de San Pablo, "no hay condiciones mínimas de permanencia para los presos en el local".
El defensor argumentó que la situación allí "es dramática y la condición de confinamiento de los presos supera cualquier límite de racionalidad y humanidad".
La Secretaria de Administración Penitenciaria (SAP) de San Pablo informó que 177 presos de la cárcel de Araraquara "que alegaron problemas de salud" fueron atendidos por una junta médica y separados de los demás.
Por su parte, el gobernador del Estado, Claudio Lembo, aseguró que el problema de la cárcel de Araraquara "es muy serio". La situación es "dramática, patética", pero "no hay más posibilidades de trasladar a los presos, tenemos 144 cárceles en el Estado y están todas sobresaturadas", expresó.
