Según un cruce de información entre la Policía de la provincia y la Justicia federal, pudo detectarse que en causas iniciadas por presuntas violaciones a la ley de estupefacientes desde 2000 a la fecha, existen al menos 39 policías imputados. Pero, además, pudo comprobarse que en la mayoría de los casos, aún no existe una resolución judicial.

"Hemos relevado la totalidad de los oficios entrados a la Justicia federal desde el 2000. Esa información fue cruzada con la que tiene la Policía, y esto ha dado como resultado que hoy faltan resolver un número determinado de causas que se encuentran en diversas etapas de la tramitación", dijo a El Litoral, el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.

El relevamiento había sido ordenado por el ministro tras las renovadas denuncias de la jueza federal Laura Cosidoy sobre la venta de droga con supuesta complicidad policial, y después de la controversia que habían desatado las diferencias entre las cifras de supuestos policías implicados que suministraba la Justicia, y las que difundía el propio Ministerio.

Del informe se desprende que 39 agentes están implicados en procesos por la presunta violación de diferentes aspectos de la ley de estupefacientes. A partir de allí, el Ministerio solicitó a la Subsecretaría de Seguridad Pública que, a través de la Dirección de Asuntos Internos, informara con precisión los sumarios iniciados, la celeridad con la que se actuó y las sanciones aplicadas. Paralelamente, se detectó que un elevado número de causas carecía de resolución judicial. Por ello, Rosúa despachó dos notas: una, al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, José Toledo, manifestando su "seria preocupación" por los procesos que "carecen de resolución definida"; la otra, al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, transmitiendo la misma preocupación y pidiendo informes sobre la situación procesal del personal involucrado, los eventuales procesamientos y el estado de las causas.

Para Rosúa, el número de agentes implicados (39) "no es mucho", si se tiene en cuenta que la fuerza policial reúne a cerca de 14 mil efectivos.

"Ahora, si se lo juzga desde el punto de vista de que la Dirección de Drogas Peligrosas tiene 230 agentes, entonces la proporción aumenta", admitió.

Con respecto a las faltas presuntamente cometidas por los efectivos denunciados, aclaró que son variadas.

"Pueden ser desde no haber adoptado la diligencia necesaria en la investigación, o haber sido negligente, o haber incurrido en falso testimonio en una declaración, o haber tenido conexión o connivencia con algún narcotraficante. Hay todo un catálogo de faltas", graficó.

Rosúa manifestó la "inconveniencia" de que muchas de las causas judiciales en cuestión aún carezcan de una resolución definitiva.

"No es deseable que haya demoras porque esto genera una situación de confusión y de inestabilidad en el personal. Lo deseable -opinó el ministro- es que cualquier acción sancionatoria se dé en el menor plazo posible. Pero creo que con esta presentación que hicimos ante la Cámara, su presidente se va a preocupar por el tema y seguramente se va a movilizar"..

La sensación de estar perdiendo la batalla contra la droga llevó en su momento al Ministerio de Gobierno a proponer la creación de un tribunal provincial con juzgados propios que pudieran intervenir con mayor eficacia en delitos del microtráfico, cuya persecución hoy es exclusiva de la Justicia federal. Consultado al respecto, Rosúa dijo que el proyecto ya está elaborado pero que será debatido en el marco de la reforma integral al sistema judicial.

"Hemos decidido remitir nuestra propuesta a la Comisión de Derecho Procesal que se formó en ese ámbito. Tenemos opiniones a favor y otras en contra; yo diría que hay muchas en contra, y algunas a favor. De cualquier manera -expresó el ministro- creemos que debe ser discutido con toda amplitud porque una de las opiniones más generalizadas, por ejemplo, es que las causas serían tantas que colapsaría el Poder Judicial. Sin embargo, no creemos que se produzca tal recargo, porque la propuesta es la creación de nuevos tribunales con competencia exclusiva en cuestiones de microtráfico de estupefacientes. Y esto más que recargar, aliviaría el trabajo".

Con la copia del borrador en sus manos, el ministro de Gobierno adelantó a El Litoral que su cartera trabaja para reglamentar parcialmente en los próximos días la ley provincial que impulsó el senador Juan Carlos Mercier, y que establece la creación de un Registro de Desarmaderos de automotores, chatarrerías, comercios de compraventa de repuestos usados y de compraventa de bienes usados no registrables, con el objeto de controlar la procedencia y destino de tales bienes.

Pero, el ministro aclaró que como la norma en esos términos "implica una gran amplitud", se resolvió entonces "separar en dos la reglamentación". Así, anunció que el Ministerio decidió "avanzar en el reglamento de los desarmaderos de automotores, y demorar algo los aspectos vinculados con bienes de uso no registrables (cualquiera que se encuentre en un desarmadero y no corresponda a un automotor)". Se trata de "una reglamentación parcial de la ley sobre los aspectos más importantes que refieren a piezas de automotores, mientras hacemos un estudio más exhaustivo sobre los bienes no registrables", dijo el funcionario.

La ley en cuestión fue sancionada por la Legislatura el año pasado; hace dos jueves, el Senado había aprobado un pedido de informes del mismo legislador en el que se indagaba al Ministerio de Gobierno acerca de las demoras en la citada reglamentación.

Reforma

El ministro de Gobierno ratificó esta mañana la decisión de modificar la estructura de la Dirección de Asuntos Internos, con la intención de que haya una supremacía de personal civil sobre el policial. Para el funcionario, esto es "clave" si se tiene en cuenta el objeto de contralor que posee esta repartición, con respecto al funcionamiento del personal policial. Aclaró que la reforma se dará a través de un proceso gradual, y que "el gran salto" se producirá con el presupuesto de 2007.