El Digesto legislativo
Una obra monumental para tener seguridad jurídica
Desde 1998, distintos grupos de especialistas trabajan para ordenar el sistema normativo de nuestro país y establecer cuáles son las leyes que conservan su vigencia. La tarea avanza, pero llevará al menos un año y medio más. También quieren hacerlo a nivel provincial.

Emerio Agretti

En más de 150 años de vida política e institucional, nuestro país produjo una verdadera avalancha normativa, integrada por leyes y decretos reglamentarios que, en muchos casos, ya no están vigentes, han quedado desactualizados o se contradicen y superponen. A tal punto, que no es posible establecer con exactitud cuántas son las normas vigentes a nivel nacional.

O, cuanto menos, no lo era hasta hace poco, ya que está acercándose a su fase final la tarea encomendada en 1998 por la ley N° 24.967, en virtud de la cual un grupo de académicos de la Universidad de Buenos Aires comenzó un arduo trabajo de depuración, que ahora tiene una segunda instancia en manos de una comisión de juristas convocada por el Ministerio de Justicia y que, a la vez, ya está siendo objeto de análisis por una comisión bicameral. Vencidos los sucesivos plazos y sus prórrogas, es probable que, a fines de 2007 o en el curso de 2008, sea realidad el Digesto Jurídico Nacional. Y con él, la respuesta a la pregunta.

La especialista María Laura Spina ha estudiado el tema -además de trabajar específicamente en él, como asesora de la diputada nacional Alicia Tate en la comisión bicameral- y dialogó al respecto con El Litoral.

-�Por qué es necesario un digesto?-Es importante para cualquier ordenamiento jurídico, para cualquier país. Fundamentalmente, porque se dan dos situaciones. Una, la inflación legislativa, la gran cantidad de normas existentes, que no sabemos a veces si están derogadas o no. Hay muchísimas temáticas que están abarcadas por dos o más leyes y es necesario efectuar una unificación. Y, por otro lado, la contaminación legislativa, que se produce por la derogación implícita de leyes -sin mencionarlas específicamente- con la fórmula "Derógase toda norma que se oponga a la presente", y que genera graves inconvenientes para la interpretación.En virtud de esto y para tener seguridad jurídica, todos los operadores del Derecho -jueces, abogados, legisladores, también los inversores- necesitan conocer cuál es la legislación vigente en el país. Por eso es por lo que se hace un digesto. -�Hay antecedentes de una tarea de este tipo?-A nivel internacional existen diferentes formas de hacerlo. Hay países que los tienen desde hace muchos años. En el país, en la Municipalidad de Buenos Aires, que se crea en 1856, a los pocos años ya se hace el primer digesto, y después, varios más. Mucha de la gente que estuvo trabajando ahora en el digesto nacional tenía esa experiencia del digesto de Buenos Aires. -Por definición, parece que el digesto tiene que hacerse periódicamente o requiere una actualización permanente.-Yo considero que lo ideal es que haya organismos técnicos permanentes, que estén trabajando en forma constante en esto. Por ejemplo, en Italia, cuando se reforma una ley, tiene que publicarse toda la norma en forma completa, para tener certeza de cuál es el texto definitivo que queda. Italia, España, Francia tienen organismos permanentes. En otros, como Grecia, periódicamente se hace un ordenamiento. Sea cual sea la forma, lo importante es determinar que la legislación no se deje tanto tiempo sin ordenar. -�En qué consiste estrictamente el trabajo?-Primero, se recopila toda la normativa publicada. Para eso hay que trabajar con el Boletín Oficial y no siempre el estado físico de los boletines es el adecuado. Luego, hay que digitalizar o, a veces, tipear toda esa normativa. A continuación, hacer el análisis normativo de cuáles están derogadas expresamente, cuáles han cumplido su tiempo o su objeto, y lo que se hace es la consolidación. Hay dos tipos: en primer grado, por la cual se saca lo que está expresamente derogado, y en segundo grado, que es la más moderna, y quita también lo que está derogado implícitamente. -Esto ya requiere un trabajo de interpretación...-Claro. Por eso, en la UBA trabajaron primero los analistas, tanto informáticos como jurídicos; después, vinieron los académicos y, sobre la base de ese material hicieron una primera gran depuración. Y el año pasado se entregó el trabajo terminado al Ministerio de Justicia. Allí hay, desde el 2004, una comisión de juristas, diferente de la de los académicos, que lleva acabo la revisión de todo el trabajo y el análisis para presentar al Ministerio un anteproyecto de digesto. En esa etapa se está ahora. El plazo vencería el mes que viene; puede que haya alguna demora, porque hay ramas que están prácticamente terminadas y otras que requerirían un poco más de tiempo. Además, se ha constituido la comisión bicameral de seguimiento del digesto, en la cual están trabajando los legisladores con sus asesores y reuniéndose de manera periódica con los juristas.Una vez que los juristas entreguen ese anteproyecto, el Ejecutivo tiene 6 meses para revisarlo y enviarlo al Congreso. Una vez allí, la bicameral tiene un semestre para presentar el dictamen definitivo. Cumplido el plazo, el proyecto debe ir sí o sí al plenario. Y, como se ha mantenido a pesar de los cambios de gobierno, creo que tiene posibilidades de éxito. Pero requiere la voluntad de todos los actores.

En la provincia

En Santa Fe, existe también un proyecto para crear el digesto jurídico provincial, que tiene media sanción de Diputados y espera turno desde el año pasado en el Senado. A la vez, está contemplado entre las previsiones del Plan Estratégico para la Justicia.

"El problema que se presenta en la provincia -advierte Spina- es que uno tiene que definir a partir de cuando empieza a hacer el digesto. A nivel nacional se hizo desde 1853 y la Constitución Nacional (inclusive uno puede ver en la base del digesto nacional leyes sancionadas en el Congreso que, en sus orígenes, funcionaba en Paraná).

"Santa Fe como provincia es preexistente a la Nación y, además, tenemos que determinar a partir de cuándo se hace. Porque, por esa preexistencia, puede haber leyes que sean anteriores a la Constitución y que pueden estar vigentes -creación de escuelas, por dar un ejemplo-. Ése es un tema importante por definir, el otro es quién lo hace: si el Ejecutivo, el Legislativo, si hay organismos permanentes posteriores para continuar esta labor. Porque si no, nos queda un digesto congelado", completó.

Sorpresa y media

El análisis llevado a cabo por los especialistas, entre las consabidas contradicciones, anacronismos y superposiciones, permitió toparse con algunas sorpresas -además de la ya revelada existencia de leyes "secretas"-, comentadas por el jurista cordobés Antonio Martino. Por ejemplo, que existen en el ordenamiento argentino dos leyes con el número 1, aunque por suerte una está derogada. Y otra que, entre tanta avalancha normativa, llegó a haber algunas cuya numeración llevaba el agregado "y medio".

EN CIFRAS

  • %s100 mil

    documentos fueron analizados por los académicos, hasta determinar que 45 mil eran leyes o decretos reglamentarios.

  • 20 mil son las normas que quedaron en pie, eliminando las que estaban expresamente derogadas, caducaron por desaparición de su objeto (por ejemplo, postas o faroles a gas) o cumplieron su cometido.

  • 3 mil normas sería la cantidad final aproximada, una vez eliminadas las contradictorias.

  • 23 juristas expertos en distintas ramas del derecho trabajan en el análisis, dividido en 26 áreas temáticas.