La identidad, el derecho que comienza con la inscripción del nombre en un registro civil, se convirtió en un "privilegio" al que dos millones de niños y hasta adolescentes argentinos no tienen acceso, ya sea por negligencia, desinformación familiar o inacción oficial, denunciaron especialistas.

La indocumentación provoca la "inexistencia" de la persona frente al Estado, excluye a los niños de su participación social en colegios y clubes, y los posiciona vulnerables frente a situaciones de violencia doméstica, tráfico y explotación sexual y laboral, sin posibilidad de reacción por su "invisibilidad".

El gobierno, "pese a la gravedad de la situación, es incapaz de conocer cuántos son y en dónde están (los indocumentados), lo que provoca que cualquiera pueda hacer lo que le plazca, venderlos o desaparecerlos, sin que nadie se haya enterado de su existencia", advirtió a DyN Julio César Ruiz, de la Fundación Adoptar.

Ruiz, que preside la reconocida organización con sede en Tucumán, opinó que "inscribir a un hijo al nacer debe ser un acto de amor, de padres que enamorados del niño le otorgan un nombre, le dan su apellido", aunque lamentó que "en todo el país eso no sucede".

Según el especialista, la indocumentación "no se debe a trabas burocráticas del Estado, pero sí a la inacción oficial, al no realizar campañas para evitar la situación", que afecta a casi 3 millones de personas, entre niños y adultos, según la Asociación Propuestas.

Fuentes oficiales, que pidieron reserva, estimaron que al menos "dos millones" de niños no tienen documentos, aunque reconocieron que es "imposible dar cifras verificables, porque justamente se trata de personas invisibles".

El gobierno bonaerense reconoció esta semana que un 30 por ciento de niños habitantes en las zonas marginadas del conurbano están indocumentados, mientras la gobernación de Santiago del Estero llegó a estimar que el número asciende a 8 de cada 10 nacidos.

En esa provincia, como en el norte del país, la falta de identidad de los niños está relacionada con el tráfico de órganos y la explotación sexual y laboral, entre otros flagelos, y la problemática fue denunciada por organismos internacionales y agencias de Naciones Unidas.

No obstante, organizaciones vinculadas en la temática dijeron a DyN que "no existen políticas de Estado tendientes a registrar a los recién nacidos, salvo medidas paliativas".

En ese marco, mencionaron la gratuidad de la emisión del documento hasta los seis meses de edad, un trámite que antes costaba 15 pesos, y que provocó un aumento en los registros de entre 12 y 15 por ciento por año, desde 2003, según reconoció el Registro Nacional de las Personas (Renaper) el año pasado.

Las asignaciones "por hijo" que otorga el Estado fue mencionado como otro factor que motiva el registro, coincidieron organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, y advirtieron que "las trabas burocráticas causan también la indocumentación".

Entre ellas figura que cumplidos los seis meses desde el nacimiento el trámite de inscripción debe ser solicitado a la Justicia, mientras desde el Renaper no se explicó qué medidas se estudian en la materia, pese a reiterados llamados de esta agencia.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en voz de su titular, Estela de Carlotto, destacó durante un foro sobre la temática la importancia de la "identidad", un derecho que durante el último golpe militar fue restringido a cientos de chicos.