La fuga de un narcotraficante paraguayo de la alcaidía de Reconquista fue el disparador de una serie de movimientos en la Policía provincial, que derivó en el alejamiento de la doctora Leyla Perazzo como titular de la fuerza y en la anticipación (así lo dice el gobierno) de cambios en las cúpulas de distintas unidades regionales.

La fuga del detenido -recapturado a escasas horas de asumir el nuevo jefe, comisario Jorge Pallavidini- fue un hecho serio, sin dudas, pero quedó sobrevolando la duda de si no había sido la excusa para el desplazamiento de Perazzo, una oficial llegada desde la esfera profesional y no de los estamentos de conducción. Jorge Obeid consideraba esta designación como "emblemática". ¿Por qué se fue Perazzo y no también Pallavidini que era el subjefe, si los dos compartían la responsabilidad de la conducción institucional? Pero, además y como lo resume Nacho Hintermeister, ¿es posible tener una Policía eficiente sin caer en el "gatillo fácil", también reprochado?

La semana pasada referíamos en "Apuntes..." que la fuerza exhibía problemas de formación. El ejemplo está a la vista: prima facie se observa que el "narco" deja la alcaidía apoyado por complicidades internas, que se están investigando. La relación entre Policía y droga viene siendo planteada con insistencia desde hace tiempo. Así como en el imaginario popular no se desvincula la existencia del juego clandestino con la institución, ahora se suma la droga.

El tema de la seguridad lo ha seguido durante su gestión al gobernador Obeid como una sombra. Pero no puede negarse que en este período se encaró la construcción de nuevas unidades carcelarias que aliviarán las comisarías de detenidos; se aprobó una nueva legislación que unifica el escalafón policial y establece otro esquema de instrucción. Se buscó "democratizar" la Policía y esto debido a una concepción funcional de la fuerza a la que se deseaba diferenciar de la anterior gestión de gobierno y por el entendimiento de que viejos hábitos habían generado una brecha entre aquélla y la sociedad.

Se puede afirmar, y esta periodista lo ha planteado varias veces, que han existido demoras en las concreciones, pero no puede negarse que las medidas se pusieron en práctica.

Entonces, podría inferirse que lo que ha fallado es la concepción de la política encarada o que, en su momento, se reemplazó de las funciones a quien era un conocedor del tema seguridad: Alejandro Rossi, en tanto que otras personas, en los niveles políticos, permanecieron en sus cargos. Es difícil asegurarlo.

Lo cierto es que la brecha entre sociedad y policía no se obturó y, por el contrario, cada vez hay menos confianza de que el llamado o la denuncia ante la institución sea la solución para el vecino víctima del delito. Por el contrario, seguirá siendo la víctima por todos los trámites obligado a realizar, sin ver eficiencia en los organismos competentes del Estado.

Frente a años anteriores, otros factores han tenido una incidencia sin vueltas: demasiada gente desocupada -esto se ha ido revirtiendo pero pesa-; una mayor circulación y consumo de droga y el problema de los menores. En estos dos últimos temas, las postergaciones en "ver el problema" han llevado a las situaciones planteadas a una complejidad sin límites.

El tema del menor en riesgo de transgredir la ley penal es gravísimo en nuestra zona. Desde muy temprano se ingresa al mundo del delito y/o a la transgresión de normas: más consumo de alcohol por parte de todos (esto se observa en los niveles socioeconómicos medios, medios bajos y altos); demasiado tiempo libre -el joven no tiene ocupación ni siquiera recreativa en muchos barrios- y el desinterés por los contenidos escolares resulta total. A lo que se agrega, como causa nuclear, la falta de contención familiar por el gran desorden social existente.

Por un motivo o por otro, valores que antes eran asumidos socialmente como inexcusables, hoy no se proyectan sobre la personalidad del joven de la misma manera y, además, pareciera que sólo se encuentran vigentes para una mitad o menos de la población. La otra porción está fuera de toda norma o esquema de control y ello se observa desde la impunidad con que se maneja el poder hasta la transgresión en las normas del tránsito. La grúa corre para quien estacionó y no pagó el ticket, pero nunca para el ciclista que cruza el semáforo en rojo o la moto que ingresa a contramano en calles de intensa circulación.

Lo real es que en el campo de la organización social, la vuelta a la pirámide de autoridad y familia es una reconstrucción pendiente; que la escuela "inclusiva" resulta por ahora una utopía; que la droga cada vez circula más y que por ella se roba y hasta se mata; que el tema de los menores es gravísimo pero se trabaja a paso de tortuga y que, en lo que respecta a los niveles políticos, no siempre se proyecta conocimiento respecto de lo que está ocurriendo. Esta semana, el propio subsecretario de Seguridad Pública señaló que sólo el ministro Roberto Rosúa era quien hacía declaraciones sobre la crisis vivida. No fue casual su apreciación.

El comentario semanal no puede terminar sin aludir a lo ocurrido en la Legislatura, con el pedido de interpelación al titular de la cartera política. La seguridad merece la presencia del ministro de Gobierno para todos los legisladores; no debería ser sólo una reunión para los presidente de bloques. Pero hay dos cuestiones: una, si el doctor Rosúa, por su edad y problemas de salud, admite un ríspido y largo ping pong en la Cámara -se enoja con facilidad- y la segunda, la carrera electoral ya totalmente lanzada. Entonces, en lugar de buscar soluciones o de hacer aportes de luz a la complejidad del tema, se persigue denostar, sin más, la política seguida por el gobierno.