El nuevo anteproyecto de Ley de Educación plantea un desafío que coloca a la sociedad casi en el límite de la tolerancia de la historia: no es posible asimilar para el país un nuevo fracaso en la enseñanza.

Es sabido que en Argentina desde hace más de una década existe la desigualdad educativa, en la que en porcentajes similares, chicos reciben una enseñanza de nivel y calidad y otra que es casi marginal, residual, producto en muchos casos de la negligencia e indiferencia política y social.

Y este cuadro no remite a pensar que estamos hablando de Jujuy, La Rioja o Entre Ríos, sino que la desigualdad llega a tal grado que no está localizada en una provincia pobre, que también exhibe diferentes sistemas.

Se puede observar tanto el fracaso y el atraso educativo en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, como escuelas de buenos logros y envergadura en el mismo interior del país.

"Lo peor es especular con esta cosa de la teoría del derrame, en la que los que avanzan consiguen las grandes becas, aportan al conocimiento científico internacional y va las a las olimpíadas mundiales y el resto queda relegado", sostuvo la titular de la comisión de Educación de Diputados, la entrerriana Blanca Osuna.

Respecto a estos postulados, hay una fuerte presión de las provincias y algunos sindicatos docentes referido a la necesidad que este anteproyecto incluya párrafos con respecto a la educación básica, excluyendo al problemático tercer ciclo, que agrupa a los séptimos, octavos y novenos grados.

El nivel básico, que comprende a los niños de entre 6 y 11 años aún no recibió la atención necesaria, continúa siendo un foco fuerte de deserción -se calcula que entre 2003 y 2005 abandonaron casi 31 mil chicos- y además es el punto del que tradicionalmente "de eso no se habla".

El anteproyecto lleva sistematizados más de 50 mil casos y aportes entre las carteras educativas provinciales, pedagogos, sindicatos docentes, propietarios de colegios privados, credos religiosos, cámaras empresariales y centrales de trabajadores.

Entre sus características, el texto de la futura norma, habla de la unidad de la estructura educativa, que podría ser de 6 años de primaria y 6 de secundaria o de 7 y 5 años, transición que puede llegar a implicar unos 10 años para barrer el actual medio centenar de sistemas.

Sin embargo, la norma respetaría sin modificar la actual educación rural, donde cientos de escuelas sostienen con destacados resultados el tercer nivel y no podrían seccionar en un establecimiento en seis y seis años cuanto tienen como máximo media docena de alumnos.

La inclusión de contenidos obligatorios como "Malvinas" y "Memoria" también serán parte del texto, como así también las nuevas atribuciones del Consejo Federal de Educación, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, de este anteproyecto cuyo debate continúa abierto.