A raíz de la presentación realizada por un ciudadano de origen francés que estuvo detenido durante 35 días sin que aparentemente haya cometido delito, el fiscal Héctor Millen pidió que se investigue si el juez de Instrucción, Rubén Surín, incurrió en ilícitos tales como denegación o retardo de Justicia, prevaricato, privación ilegal de la libertad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hasta el momento cuatro jueces de excusaron de investigar el caso, aduciendo relaciones de amistad con Saurín. Por ese motivo, el requerimiento se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción N° 1, que no tiene juez desde que Dardo Rosciani fuera ascendido a camarista. Allí esperará la presentación hasta el momento en que algún magistrado se haga cargo del juzgado. Si ningún juez acepta investigar, pues entonces se deberá sortear un conjuez de una lista de abogados.

Humbllot Olivier es ciudadano francés y desde hace tiempo explota comercialmente el Complejo Turístico de Aventuras La Huerta S.A., en el distrito Colonia Teresa, San Javier. En general, su clientela está conformada por turistas europeos que llegan a la zona para practicar la caza deportiva.

El 25 de mayo pasado, efectivos policiales de la Guardia Rural Los Pumas allanaron el establecimiento, decomisaron armas, municiones y, por orden de Saurín, detuvieron a Olivier. Pocos días después, el francés fue procesado como presunto responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas de uso civil y de guerra y de acopio de municiones.

El 30 de mayo de este año Olivier se presentó espontáneamente en el juzgado de Saurín para dar sus explicaciones. Llevaba, incluso, la documentación relacionada con el ingreso de las armas al país y con la existencia de municiones en el complejo turístico. Pero el magistrado resolvió detenerlo.

Estuvo en prisión durante 35 días, hasta que la Sala I de la Cámara de Apelaciones ordenó su libertad porque consideró que no se había cometido delito alguno.

Los camaristas Echauri, Rucci y Villar sostuvieron que no existen dudas de que el imputado realiza una actividad "lícita" y que explica "abiertamente el porqué de la tenencia de armas y municiones". Si bien reconocen que estas circunstancias pueden "aparentar una situación distinta", tal cosa "no está demostrada en absoluto".

"Ha quedado acreditada la condición de extranjero y el control del ingreso de las armas -por el aeropuerto de Ezeiza- secuestradas mediante documentación respectiva, sin restricción de ningún tipo", insistieron los camaristas.

"En definitiva, -agregaron- estamos en presencia de un sujeto dedicado al sano ejercicio de la caza deportiva permitida", por lo que consideraron que es "elocuente que las armas o materiales no se utilizaron con fines delictivos".

Pero todo indica que en este procedimiento se produjeron algunas irregularidades. El abogado de Olivier, Marcelo Racca, explicó que, al llegar los efectivos de Los Pumas al establecimiento, fueron atendidos "por el empleado encargado Anaud Chevassus Versoix, también francés, que no entiende el idioma castellano. Sin embargo, los policías igual le leyeron la orden de allanamiento ante la cual, obviamente, no se ofreció resistencia alguna".

"El encargado -insistió Racca-, también imputado en este proceso, no tuvo la posibilidad de conocer los alcances del acto y, menos aún, se puede aceptar que éste haya firmado conforme si no habla ni entiende el idioma".

El 15 de agosto último, Olivier expuso ante el fiscal Millen todo lo que le había ocurrido. Le dijo que Saurín no había resuelto dos pedidos de liberación presentados por el abogado Racca, que le negó su legítimo derecho de ampliar la declaración indagatoria y que autorizó a la Guardia Rural Los Pumas a que le tomen declaración a otro francés sin intérprete o traductor.

Para el fiscal Millen existen elementos suficientes como para, al menos, sospechar que el juez Saurín pudo haber cometido alguna irregularidad en el manejo de este caso, por lo que pide que otro magistrado investigue lo ocurrido.