El Congreso norteamericano aprobó una ley que establece los parámetros para el trato de presuntos terroristas y los tribunales militares para juzgarlos, a seis semanas de los comicios legislativos.
La medida, aprobada por 65 votos a favor y 34 en contra, es similar a la que aprobó la Cámara de Representantes el miércoles, con 253 votos a favor y 168 en contra, en medio de agrias disputas sobre los derechos de los detenidos.
Tras la aprobación en ambas cámaras, el presidente de EE.UU., George W. Bush, tenía previsto firmar la ley hoy mismo.
"Necesitamos esta herramienta en la lucha contra el terrorismo (...) necesitamos mantenernos en la ofensiva contra las amenazas que surjan. Éste es otro ataque ofensivo contra el terrorismo", argumentó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist.
Frist señaló que no ha habido otro ataque en suelo estadounidense precisamente porque Estados Unidos se ha mantenido a la ofensiva en la lucha antiterrorista.
Pero la mayoría de los demócratas opinó que con esta medida la Administración Bush no tendrá que rendir cuentas por abusos a los prisioneros, violaciones a las leyes estadounidenses y el uso de tácticas que mancillaron la imagen de EE.UU. en el mundo.
Rechazo
"No hay desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre la necesidad de llevar (a los terroristas) ante la Justicia. Todos queremos asegurarnos de que el presidente tiene las herramientas que necesita para cumplir esa meta" pero esta ley no es la más adecuada y será rechazada por los tribunales, argumentó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid.
Reid criticó el rechazo de los republicanos a las cinco enmiendas debatidas ayer, entre ellas la del senador republicano Arlen Specter, que restablecía el derecho de los detenidos a impugnar su detención en tribunales estadounidenses.
Specter, presidente del Comité Judicial del Senado, alegó que su enmienda sobre el "habeas corpus" -el instrumento legal que puede utilizar un detenido para que se resuelva su caso ante un juez-, es un derecho fundamental de todo acusado.
Pero otros republicanos, entre ellos Lindsey Graham, replicaron que los terroristas no merecen el derecho a apelar su detención y que esa enmienda afectaría la lucha antiterrorista.
Las restantes enmiendas fueron propuestas por los demócratas y, entre otras cosas, establecían una mayor supervisión del Congreso de los programas de la CIA e imponían un plazo de cinco años para los tribunales militares. Todas fueron rechazadas.
Punto por punto, Reid destacó lo que consideró como debilidades de la ley y añadió que, cinco años después de los atentados de 2001, el arquitecto de esos ataques, Osama Ben Laden, sigue prófugo de la Justicia.
Anticonstitucional
El Legislativo intervino después de que el Tribunal Supremo determinase en junio pasado que los tribunales militares establecidos por el Pentágono violaban la Constitución y el derecho internacional.
El proyecto de ley es pieza clave del programa de seguridad nacional que los republicanos pretenden destacar de cara a los comicios legislativos del próximo 7 de noviembre, en una clara politización del asunto.
De hecho, durante el debate en la Cámara baja, el presidente de esta institución, el republicano Dennis Hastert, enfatizó que los que votaron en contra de la medida -160 demócratas, siete republicanos y un independiente- daban "un voto a favor de más derechos para los terroristas".
La oposición demócrata ha insistido en que no se trata de tener afinidad con los terroristas ni de darles amparo sino de lograr una ley con apego al derecho internacional.
Los demócratas, que quieren recuperar el control del Congreso, afrontan una batalla cuesta arriba para demostrar que, contrario a lo que dicen sus rivales, ellos no son débiles en asuntos de seguridad nacional.
La aprobación de la ley ha sido muy criticada por las organizaciones en defensa de los derechos civiles. La principal de ellas en EE.UU., ACLU, afirmó que "concede al presidente nuevos poderes sin control para detener, abusar y juzgar a gente".
También el espionaje electrónico
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una ley que garantiza al presidente George W. Bush, la legalidad del espionaje electrónico a sospechosos de terrorismo, pero con algunas restricciones.
El programa de espionaje electrónico ha sido defendido por Bush como "vital" en la lucha contra el terrorismo.
La ley fue aprobada por 232 votos a favor y 191 en contra, y es un nuevo triunfo para el gobernante republicano a pocas semanas de las elecciones legislativas del 7 de noviembre próximo.
El proyecto de ley, presentado por el representante republicano Heather Wilson, de Nuevo México, da luz verde al presidente Bush para grabar llamadas telefónicas y verificar correos electrónicos entre estadounidenses y ciudadanos de otros países.
El gobierno de EE.UU. había reiterado que su criticado espionaje electrónico sobre los estadounidenses y en el exterior se justifica por la lucha contra el terrorismo, en la que "está por delante la seguridad nacional".
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha compartido con otros organismos de Washington datos obtenidos mediante su espionaje electrónico en el exterior del país, lo que ha desatado un debate sobre si ello viola los derechos civiles de los estadounidenses y de las leyes internacionales.
El mandatario autorizó a la NSA a llevar a cabo esas escuchas sin pedirle permiso al tribunal secreto especial, creado en 1978 para controlar las actividades de espionaje Ejecutivo sobre ciudadanos estadounidenses.
Bush ha admitido que ordenó esas actividades y ha reiterado que las continuará.
La ley aprobada hoy por la Cámara baja indica que, entre las restricciones decididas, el gobernante puede autorizar el espionaje electrónico siempre que notifique esa actividad a los comités de Inteligencia de esta Cámara y del Senado y a los líderes del Congreso.
También podrá efectuar esa acción cuando tenga la certeza de la inminencia de un ataque terrorista y posteriormente deberá explicar al Congreso los motivos y los nombres de los individuos y grupos involucrados en la trama que se descubra.
Tras la luz verde de la Cámara de Representantes, la ley deberá tener la aprobación del Senado antes del receso electoral que empezará el fin de semana.
Críticas de Amnistía Internacional
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) criticó hoy la ley de tribunales militares aprobada en Estados Unidos.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, AI lamenta que el Senado norteamericano haya dado su respaldo a la "aprobación de violaciones de derechos humanos cometidos por EE.UU. en la guerra contra el terrorismo".
Amnistía cree también que esa legislación coloca al país norteamericano "en el lado equivocado de la normativa internacional".
"Amnistía Internacional -dice la nota- hará campaña para revocar esta ley y espera que la constitucionalidad de esta legislación sea desafiada en los tribunales".
En la "guerra contra el terrorismo", subraya AI, EE.UU. ha recurrido a "detenciones secretas, desapariciones forzadas, prolongadas detenciones incomunicadas, arrestos indefinidos sin cargos, tortura y otros tratos inhumanos y degradantes".
La organización defensora de los derechos humanos también recuerda que "miles de detenidos continúan bajo arresto militar indefinido bajo custodia de Estados Unidos en Irak, Afganistán y Guantánamo (Cuba)".
Por eso, AI considera que "el Senado le ha fallado a esos reclusos y a sus familiares".
Se rehusó
La jueza que ordenó en agosto suspender escuchas telefónicas sin orden judicial en EE.UU., rehusó revertir la medida, como lo había solicitado en una apelación el gobierno estadounidense.
En cambio, la jueza Anna Diggs Taylor, encargada del tribunal federal de Detroit (Michigan, norte), aceptó levantar por una semana la prohibición, tiempo que tiene el gobierno para apelar este último fallo en contra.
El 17 de agosto, a pedido de varias organizaciones de defensa de las libertadas civiles, la jueza estimó que el presidente estadounidense, George W. Bush, se excedió en sus poderes, al instaurar el programa de escuchas telefónicas y ordenó detenerlo inmediatamente.
EFE-AFP
