En la Cámara de Diputados, la oposición volvió a posar sus ojos sobre el Ministerio de Asuntos Hídricos al reclamar informes sobre dos obras en ejecución licitadas por el gobierno nacional pero que requieren certificación de trabajos por parte de la cartera provincial. Ambos pedidos fueron girados a comisiones para su tratamiento con el compromiso del oficialismo de considerar uno de ellos la semana próxima. El embate sobre Asuntos Hídricos y un pedido de interpelación a la ministra de Salud, Silvia Simoncini, por parte del ARI, que tampoco prosperó, fueron los asuntos salientes de la sesión ordinaria. El radical Santiago Mascheroni intentó, sin éxito, y por segunda semana consecutiva, tratar sobre tablas una veda pesquera por 180 días, proyecto que ya tiene dictamen favorable de las comisiones y que será votado dentro de siete días.

La reunión se inició con un reconocimiento a la trayectoria deportiva y empresaria de Ángel Pedro Malvicino (ver Deportes), quien fue al recinto acompañado de familiares, amigos y directivos del club Unión.

Fue la radical Daniela Qüesta quien presentó un pedido de interpelación a Alberto Joaquín fundamentado en la necesidad de tener informes y explicaciones sobre el proceso licitatorio y de adjudicación de la obra de protección de la margen derecha del río Salado entre el anfiteatro y el Puente Carretero en la ciudad de Santo Tomé. La diputada dijo tener que llegar a esa instancia porque la cartera se niega a responder pedidos de informes aprobados por la Cámara, por la falta de información que existe sobre la obra no sólo en el cuerpo sino también en el Concejo Municipal de esa ciudad. "Solamente recibimos chicanas del intendente Piaggio y nunca documentación", se quejó.

Explicó Qüesta que la obra le fue adjudicada a Ecodyma Empresa Constructora SA por un monto superior a los 28 millones de pesos cuando el presupuesto oficial fue de 22.800 millones pesos y si bien fue licitada por la Nación a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, es el Ministerio de Asuntos Hídricos el organismo ejecutor teniendo a su cargo la inspección, supervisión y certificación de los trabajos.

Más allá de la demora en la ejecución, la legisladora puso el acento en el supuesto adelanto de fondos otorgado a la contratista, certificado por el gobierno provincial, para la adquisición de las tablestacas metálicas en Luxemburgo por una cifra cercana a los 7 millones de pesos. "Queremos saber por qué se modificó el pliego, si las otras empresas no fueron afectadas, por qué Asuntos Hídricos certificó materiales no recibidos", señaló.

Antes de votarse el proyecto, el jefe de la bancada justicialista, Mario Lacava, le pidió transformar la interpelación en un pedido de informes con el compromiso de considerarlo en siete días. "A usted le creo, no a Joaquín", le disparó la radical, quien finalmente aceptó el compromiso de su par obeidista.

Antes había sido el socialista Raúl Lamberto quien presentó un pedido de informes sobre el acueducto Centro-Oeste de la provincia que se encuentra en ejecución donde reclama conocer la intervención que tuvo el ministerio de Asuntos Hídricos en la determinación de las condiciones técnicas del proyecto y en la confección del pliego; qué instrumento jurídico ha relacionado a la provincia con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento así como la participación que le cupo a la provincia en la fijación del presupuesto.

El socialista explicó que la obra se licitó por 83.872.638 pesos y se adjudicó por 119.804.415 pesos, esto es un 42,84 % más. "Es la obra pública más importante en ejecución en la provincia pero llama la atención el uso de los fondos públicos", afirmó.

En cuanto al pedido de interpelación a la ministra de Salud, la arista Alicia Gutiérrez lo fundamentó en la necesidad de tener explicaciones sobre políticas a corto, mediano y largo plazo "que parecen no existir para la cartera". La moción no contó con el aval del oficialismo y fue girada a la comisión respectiva.