No fueron los presuntos sobornos en el Senado, ni las muertes ocurridas el 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, los que determinaron el primer procesamiento de Fernando de la Rúa por actos cometidos en el ejercicio de la Presidencia de la Nación. Fue el megacanje dispuesto por decreto, aquel mismo año, y por el cual la Argentina incrementó en 55 mil millones de dólares su deuda externa para beneficiar a un grupo de bancos extranjeros, el motivo por el cual desde ayer el ex mandatario y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, pasarán a la historia como los primeros imputados por presunto "fraude y defraudación al Estado" en la causa que investiga el juez federal Jorge Ballestero.

La medida del magistrado es inédita, porque intenta echar luz por primera vez sobre la legitimidad de la deuda, y los responsables de haber obrado "en perjuicio de los intereses nacionales".

Ballestero procesó también a los ex funcionarios de la cartera económica Daniel Marx y Jorge Baldrich, pero le dictó falta de mérito a Horacio Liendo. Al mismo tiempo, trabó un embargo de 30 millones de pesos para De la Rúa y Cavallo, de 25 millones para Marx y de diez millones para Baldrich, aunque en ningún caso acompañó su resolución con el dictado de la prisión preventiva, por lo que los imputados seguirán en libertad mientras continúe la instrucción de la causa.

De la Rúa declaró el pasado 12 de setiembre en este expediente, oportunidad en la que opinó que el megacanje fue una decisión de política económica que no puede ser materia de los Tribunales.

La operación se llevó a cabo a mediados de 2001 a través del decreto 648/01 por el cual se pospuso para el año 2005 una parte de los vencimientos de pago que debían producirse en 2000. A cambio, la Argentina pactó tasas de interés que comprometieron su capacidad de pagos de la deuda y la elevaron en 55 mil millones de dólares.

"Lo importante es que éste no es un proceso a las personas sino a ese agujero negro que tenemos que se llama deuda, que crece y crece y los argentinos no entendemos cómo siempre pagamos y debemos más", explicó Mario Cafiero, denunciante de la causa. El ex diputado explicó que todavía restan las indagatorias a los bancos que se beneficiaron con esa operación: Galicia, Santander, Francés, Credit Suisse, First Boston, HSBC, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney: "Ellos pudieron acrecentar sus bonos en la misma proporción que el país vio aumentada su deuda, esos 55 mil millones que equivalen a unos 80 o cien años de presupuesto de la provincia de Córdoba. Con esto, se posicionaron frente a lo que ellos ya sabían que era inevitable: la reestructuración de la deuda", explicó.

En el dictado del procesamiento, Ballestero advierte que "demostrada la sinrazón del canje aprobado, como así también que era absolutamente previsible que el país caería finalmente en default, y que el escaso tiempo que se compraba aumentaría enorme e injustificadamente la deuda pública, es posible sostener que los imputados obraron con absoluta conciencia de que actuaban en perjuicio de los intereses nacionales".

Cafiero expresó su esperanza de que un eventual fallo condenatorio "le sirva al presidente Kirchner y al Congreso para revisar la reestructuración de la deuda hecha por Lavagna, quien en aquel momento no analizó que había una parte de esos bonos con sospecha de ilegalidad y estuvo tres años tratando de hacer una quita que es igual a la suba que tuvo la deuda con el megacanje".

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo defendió el "megacanje" y dijo que la devaluación, el default, el corralito y la pesificación "nunca hubieran existido" si el radical Raúl Alfonsín y el peronista Eduardo Duhalde le hubieran permitido "completar la reestructuración de la deuda" externa.

Cavallo dijo que la medida dispuesta por el juez federal Jorge Ballestero "es absurda", defendió la renegociación de la deuda y aseveró que no logró completar su programa económico por el "golpe institucional" que puso fin, el 20 de diciembre de 2001, al gobierno de Fernando de la Rúa.

"Lamento no haberme equivocado cuando describí en 1996, con la metáfora de la servilleta, lo que estaba pasando en la Justicia Federal argentina", disparó Cavallo, que cuando trajinaba los tribunales luego de su traumática salida de la administración de Carlos Menem dijo que, sobre papel, el ex ministro del Interior Carlos Corach había escrito los nombres de "los jueces que me responden y, lo que yo digo, eso hacen".