La desaparición del testigo clave del juicio que condenó a prisión perpetua por genocidio al ex represor policial bonaerense Miguel Etchecolatz y del que hoy se cumplen doce días apunta a debilitar al gobierno de Néstor Kirchner. La interpretación salieron a hacerla ayer organizaciones defensoras de derechos humanos y funcionarios relacionados con agrupaciones sociales afines al gobierno, que en el algún caso hasta llegaron a alertar sobre el supuesto riesgo que corre la vida del presidente. Hebe de Bonafini incluso -y tras reunirse con Kirchner- habló de "operación grande", y llegó a decir que "habría que indagar" la trayectoria del albañil Jorge López, ya que "no fue un militante".

Sobre la situación en sí de López, los operativos de búsqueda en los alrededores de La Plata no arrojaron resultado alguno, mientras el gobernador Felipe Solá dijo que no descarta "ni la mejor ni la peor de las hipótesis".

Las declaraciones que aseguraron que detrás del caso habría intentos por debilitar al gobierno de parte de sectores afectados por su política de revisión de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, siguieron al reclamo que hicieron organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda el miércoles, cuando también responsabilizaron a la Casa Rosada de la "impunidad" que persiste en algunos sectores relacionados con aquellos delitos.

La defensa del gobierno estuvo a cargo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y del ex dirigente piquetero y subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D'Elía, que junto a otros dirigentes sociales sumaron el reclamo de aparición con vida de López, a la habitual marcha de los jueves que realizan las Madres en la Plaza.

La desaparición de López es un hecho "en contra del presidente", porque "tanto la derecha como la izquierda lo están usando", dijo De Bonafini, después de reunirse junto a un grupo de Madres con Kirchner, en la Casa de Gobierno. Calificó al presidente de "un amigo que lucha por la libertad y la justicia", y advirtió que "hay muchas bandas activas, no sólo militares sino también policiales, políticas y de multinacionales".

D'Elía fue aún más allá. Relacionó la desaparición de López y las amenazas recibidas por el tribunal que condenó a Etchecolatz y por otros jueces que investigan casos de violaciones reabiertos tras la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, con la posibilidad de un ataque directo al presidente.

Hace un mes, el diputado kirchnerista y dirigente sindical Edgardo Depetri denunció la existencia de un "plan de desestabilización" a cargo de ex militares y ex policías, para evitar que se condene a los responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.