Por investigar sobre desaparecidos

Fiscal federal de Rosario también recibió amenazas


El funcionario recibió una misiva donde se lo advertía de que "esta farsa tendrá su fin... Volveremos a tomar contacto con usted".

Rosario (DyN).- El fiscal federal de Rosario Francisco Sosa recibió una carta anónima con amenazas, por su labor investigativa en casos de desapariciones forzadas durante la última dictadura militar.

Así, las intimidaciones contra funcionarios del Poder Judicial se extendieron a esta ciudad, tal como ocurrió con jueces y fiscales del Chaco y Formosa, entre otros y con el juez Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral N° 1 de La Plata, que condenó por genocidio al represor Miguel Etchecolatz.

La carta fue remitida desde una oficina del Correo Argentino de la avenida Pueyrredón en Capital Federal y fue recepcionada en la mañana de ayer en la sede del antiguo edificio de los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, donde se investigan numerosos casos de represión ilegal en la zona sur de la provincia.

"Farsa"

"Esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo de juez, fiscal o defensor deberán rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial. Volveremos a tomar contacto con usted", advertía la misiva.

Tras el arribo de la primera misiva, repudiada en el Congreso Nacional, la Legislatura santafesina y el Concejo Municipal, el Ministerio de Gobierno provincial ofreció custodia personal a magistrados, fiscales, querellantes y testigos.

De inmediato, el fiscal Sosa puso en conocimiento a la Oficina de Unidad de Asistencia en la ciudad de Santa Fe, a cargo de la fiscal federal Griselda Tessio y se informó a la Procuración General de la Nación. Investigan también el juez federal subrogante de Rosario, Félix Angelini, y la fiscal federal Adriana Saccone.

Además, en abril del año pasado, un proyectil de FAL (fusil del Ejército), calibre 7,62, había sido enviado con una carta al despacho del juez federal Carlos Vera Barros, quien instruía los expedientes abiertos por violaciones a los derechos humanos.

Las amenazas contra los funcionarios judiciales se enmarcan en la incertidumbre y preocupación generada por la desaparición -hace once días- del albañil Julio López, testigo clave en el proceso contra Etchecolatz.